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Comparando las leyes de transparencia forales en el ámbito de la contratación pública y las subvenciones

Escrito por MadariagaAssessors 11-03-2015 en contratación pública. Comentarios (0)

ESTUDIO COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO DE LAS LEYES DE TRANSPARENCIA APROBADAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y LAS SUBVENCIONES

Estos últimos años, el desafecto de la ciudadanía frente a las instituciones públicas y la desconfianza frente a cómo se gestiona el caudal público ha ido in crescendo. Los numerosos casos de corrupción que han azotado nuestro país (caso Gürtel, Noos, Palau de la Música, Blesa, más recientemente las Black Card, entre muchos otros) han generado un malestar social que junto a la crisis económica y el aumento del paro, ha provocado una profunda crisis de valores que comporta un replanteamiento de los cimientos del sistema democrático instaurado en 1978.

El estado Español, en vista de este problema, ha emprendido el comienzo de un camino con la finalidad de hacer que el ciudadano desarrolle más activamente su esfera política, que sea él quién fiscalice la actuación pública dotándole de un derecho de acceso a la información pública, y de esta manera regenerar el sistema democrático. Un camino en el que a la vez se busca una eficiencia en la gestión del dinero público por parte de la administración, y a la vez tratar de inculcar unos valores y unos principios, como es la introducción de unas normas de conducta.

Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.

Así se expresa la exposición de motivos de la Ley 19/2013, de diciembre, de transparencia, de acceso a la información y buen gobierno. Cabe destacar que su aprobación parlamentaria se produjo el 9 de diciembre, precisamente el día internacional contra la corrupción.

De acuerdo con la disposición final octava la Ley tiene el carácter de legislación básica en la mayoría de sus artículos. El artículo 5.2 de la Ley precisamente declara que las comunidades autónomas podrán prever un régimen más amplio en materia de publicidad activa. En este sentido, han sido diversas las comunidades autónomas que han aprobado leyes en materia de transparencia con un régimen más amplio en cuanto a las obligaciones cumpliendo con los preceptos estatales. Ahora pasaremos a analizar las diferencias que podemos encontrar entre unas y otras y respecto a la normativa estatal, sobretodo haremos especial hincapié en materia de contratación pública.  

GALICIA

Ley 2/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega. Esta ley fue publicada en DOG núm. 136 de 14 de junio de 2006 y BOE núm. 198 de 19 de Agosto de 2006. Está vigente desde el 3 de Agosto de 2006.

Galicia podríamos decir que es la comunidad autónoma pionera en materia de transparencia en la administración pública, ya que desde el 2006 consta con una ley en esta materia.

En materia de contratación pública, su artículo 10 establece la promoción de la transparencia; en su apartado segundo vemos lo que podría denominarse el germen del perfil del contratante (anterior a la publicación de la Ley 30/2007) al establecer que en los procedimientos de contratación en la que sea preceptiva la publicación de anuncios de publicidad, podrá complementariamente publicarse en la página web del órgano contratante; una vez adjudicado el contrato deberá hacerse publicidad de la información del mismo:

§ Licitadores

§ Criterios de selección y su valoración

§ Cuadro comparativo de ofertas económicas

§ La puntuación obtenida por cada oferta, con detalle de la otorgada para cada criterio de valoración

§ Resumen de la motivación de la valoración obtenida

§ Adjudicatario

§ Modificación del contrato adjudicado que suponga un incremento, igual o superior, al 20% del precio inicial del contrato, y este sea superior a 1M€

Cuando se dé un supuesto de cesión o subcontratación también se dará publicidad de esta circunstancia junto a las razones de tal decisión.

Por último, destacar que en los contratos adjudicados por concurso, por regla general, la ponderación del precio como criterio de adjudicación del contrato no será inferior al 40% de la puntuación máxima que pueda atribuirse a las ofertas. De alguna manera se trata de limitar la discrecionalidad por parte de la administración a la hora de contratar.

En cuanto a los convenios de colaboración, esta ley establece que la Consellería o entidad remitirá al Diario Oficial de Galicia, en los primeros 20 días de enero, mayo y septiembre, una relación de los convenios de colaboración suscritos en los cuatro meses anteriores, al mismo tiempo que lo hará público en sus respectivas páginas web.

En el expediente administrativo deberá motivarse la utilización de la figura del convenio y las razones que impidan la concurrencia y excluyan la celebración de un contrato administrativo; se establece la necesaria autorización previa del Consejo de la Xunta cuando impliquen la asunción de obligaciones de contenido económico superior a 150.000 euros o bien cuando dichas obligaciones tengan carácter plurianual.

Por lo que respecta a las concesiones de servicios públicos, se hace una referencia a los pliegos de cláusulas administrativas, a su contenido mínimo para garantizar una serie de derechos a los usuarios.

En última instancia se hace referencia a la actividad de fomento entendida como ayudas públicas y actividad subvencional, donde se promueve la transparencia en cuanto su concepto, finalidad y cantidad.

Los convenios de colaboración que se suscriban por la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, organismos autónomos, sociedades públicas, fundaciones del sector público autonómico y demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Comunidad Autónoma de Galicia, entes y empresas participadas mayoritariamente por la Xunta de Galicia, necesitaran la autorización previa del Consejo de la Xunta cuando impliquen asunción de obligaciones de contenido económico por importe superior a 150.000€ o cuando dichas obligaciones, aunque no superen la citada cifra, tengan carácter plurianual.

Todos estos convenios deberán estar recogidos en el registro central de convenios de colaboración.

Por lo que respecta la concesión de servicios públicos, deberán regirse por el principio de transparencia en la gestión ¿esto que supone?

Por ejemplo, se impone que en los pliegos administrativos se establezca el estatuto del usuario. Este estatuto comprenderá información sobre los derechos de los usuarios:

§ A presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio

§ A obtener copia sellada de todos los documentes que presenten en las oficinas concesionarias

§ A utilizar a su elección el gallego o el castellano en sus relaciones con el concesionario, representantes y sus trabajadores.

§ A acceder a toda la información que obre en poder de la concesionaria y sea precisa para formular quejas o reclamaciones sobre la prestación del servicio

§ A exigir del Administración el ejercicio de sus potestades

§ A ser tratadas con respeto al principio de igualdad en el uso del servicio

Por otro lado, en cuanto a la actividad de fomento, deberá regirse por los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la administración otorgante y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

En cuanto al registro y la publicidad de las ayudas, subvenciones y convenios, se remiten a la ley presupuestaria correspondiente y demás normativa de aplicación.

Cada consellería, organismo o entidad de derecho público vinculada o dependiente de la Administración de la Comunidad Autónoma que realice actividades de fomento mediante el otorgamiento de fondos públicos (como concesiones créditos oficiales, ayudas en que la Administración asuma obligaciones de satisfacer a la entidad prestamista todo o parte de los intereses, condonaciones de crédito, acuerdos o resoluciones de los cuales resulte un efecto equivalente a la obtención de ayudas directas por parte del beneficiario, aportaciones dinerarias realizadas por la comunidad autónoma a favor de las entidades locales siempre que no estén destinadas a financiar globalmente actividad a cada ente) deberá publicar en su página web:

§ Relación actualizada de las líneas a de ayudas o subvenciones que vayan a convocarse durante el ejercicio presupuestario, indicando importes, objetivo o finalidad, y la descripción de los posibles beneficiarios.

§ El texto íntegro de la convocatoria de las ayudas o subvenciones

§ Concesiones de dichas ayudas o subvenciones, dentro de los cinco días siguientes al de su notificación o publicación, indicando únicamente la relación de los beneficiarios, el importe de las ayudas y la identificación de la normativa reguladora.

Como límites a esta publicidad encontramos: la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen; datos protegidos por el secreto comercial o industrial; o bien la anteposición de un interés público más digno de protección

Cabe destacar por su ausencia, el régimen de infracciones y sus respectivas sanciones de este cuerpo normativo. No obstante, será aplicable toda norma en materia de contratación pública

NAVARRA

Ley 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y el Gobierno abierto, y la Ley 2/2011, de 17 de marzo, código de buen gobierno de Navarra.

En cuanto a la comunidad autónoma de Navarra, lo primero hay que señalar es que a diferencia de la legislación estatal, la transparencia se encuentra dividida en dos leyes: una que abarca la transparencia y el gobierno abierto; mientras que la otra se encarga de establecer un código de buen gobierno. La Ley de transparencia y buen gobierno fue publicada en BON núm. 125 de 28 de Junio de 2012 y BOE núm. 168 de 14 de Julio de 2012 y está vigente desde el 28 de Diciembre de 2012.

Antes de entrar al estudio de la misma, hay que determinar el ámbito subjetivo de esta ley. A diferencia del resto de comunidades autónomas, esta hace una mención de los sujetos obligados un poco pormenorizada en su artículo 2. Entre ellas se incluye dentro de los sujetos obligados a publicidad activa a las personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos bajo la autoridad de alguna administración u organismo público.

También se incluyen otros sujetos con unas obligaciones que solo consistirán en el suministro de información, a la administración a la que se encuentren vinculadas para que estas últimas puedan cumplir con las obligaciones previstas en la Ley.

Primero de todo cabe destacar que en materia de transparencia, que abarca toda relación con la administración pública, Navarra ya disponía de instrumentos que la garantizaban como la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, o la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Centrándonos en el texto legal objeto de análisis, vemos como en el Capítulo II referente a la transparencia en la gestión administrativa y se instauran ciertas obligaciones, a destacar las siguientes:

§ Se fomenta la utilización del Portal de Contratación de Navarra, creado por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos públicos, como mecanismo de comunicación entre la administración y el ciudadano. Esto ayudará al fácil acceso de cualquier tipo de información: licitaciones, entidades y órganos de contratación, información de contratos programados, adjudicados, licitaciones suspendidas, información sobre preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los contratos (artículo 17 apartado primero).

§ A la hora de elaborar un contrato público, se establece que deberá incluirse como criterio de adjudicación, la aportación por los licitadores de herramientas de software libre, atendiendo al contenido y la finalidad del mismo contrato.

§ La administración creará una base de datos de libre acceso que recogerá información actualizada relativa a los contratos con las empresas (número de contratos con cada empresa, proyecto o servicio adjudicado, presupuesto de adjudicación, y departamento que lo concede.)

Respecto a la concesión de servicios, se exige a los prestadores de éstos que garanticen unos estatutos de los usuarios. En el mismo artículo 18 apartado tercero, señala que en los pliegos de cláusulas administrativas deberán recoger las previsiones necesarias para garantizar a los usuarios una serie de derechos (estatuto del usuario), todos ellos tendentes a la fiscalización por parte del ciudadano de la gestión de lo público, como los siguientes:

a) Obtener información sobre las condiciones de prestación del servicio público

b) Presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio

c) Obtener copia sellada de todos los documentos que presenten en las oficinas del concesionario

d) Exigir a la administración el ejercicio de sus potestades frente al concesionario

e) Ser tratadas con respeto al principio de igualdad en el uso del servicio, sin discriminación alguna por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia o condición personal.

En cuanto a la transparencia en los convenios de colaboración, ésta se articulará a través del Registro de Convenios y Acuerdos, creado por la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, como instrumento de publicidad, transparencia y control de los convenios y acuerdos firmados por la administración.

Este registro podrá ser consultado presencial como telemáticamente sin coste alguno, y deberá contener la información siguiente:

§ Partes firmantes del convenio

§ Objeto del convenio

§ Plazo y condiciones de vigencia

§ Lugar de publicación del convenio

§ Modificaciones durante su vigencia y las fechas de las mismas

Respecto a la actividad subvencional, cabe destacar la letra c) del apartado primero del artículo 20, que señala que cuando las subvenciones/ayudas públicas afecten al mercado, motivar en qué medida sus efectos serán mínimamente distorsionadores del mercado.

Por lo demás, debe hacerse pública información como:

§ Relación actualizada de las líneas de ayuda o subvenciones que tenga previsto convocar durante el ejercicio presupuestario

§ Enumeración de los objetivos y efectos de utilidad pública o social que se pretenden conseguir con la aplicación de cada subvención

§ Texto íntegro de la convocatoria de las ayudas o subvenciones y su concesión

§ Publicidad de las subvenciones concedidas sin publicidad ni concurrencia, excepto cuando aquellos expedientes sean declarados reservados por la Administración Pública.

Por lo que respecta a la Ley 2/2011, de 17 de marzo, código de buen gobierno de Navarra, ésta no hace mención a un régimen de infracciones ni disciplinario, simplemente se limita a establecer un código de buenas prácticas que va dirigido único y exclusivamente a los miembros del Gobierno de Navarra, altos cargos de la Administración Foral de Navarra y los representantes electos de las Entidades Locales.  

LA RIOJA

Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja. Esta ley fue publicada en el BOLR núm. 115 de 17 de septiembre de 2014 y BOE núm. 238 de 1 de Octubre de 2014, y está en vigor desde el 18 de Septiembre de 2014. No obstante su disposición final única, relativa a la entrada en vigor, establece que los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley dispondrán hasta el día 10 de diciembre de 2015 para adaptarse a las obligaciones de la presente ley.

Primero de todo cabe determinar los sujetos que estarán obligados al cumplimiento de esta ley. Para ello debemos acudir al artículo 2 de esta ley, donde como en el resto, el ámbito subjetivo abarca a todo aquello revestido con el manto público más los del apartado 3 de éste mismo artículo.

En cuanto a los sujetos obligados al suministro de información los encontramos recogidos en el artículo 5. Se trata de personas físicas o jurídicas distintas de las señaladas en el artículo 2 que presten servicios públicos, reciban fondos imputados a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja o ejerzan potestades administrativas. Al final del párrafo se añade a los adjudicatarios de contratos del sector público y a los beneficiarios de subvenciones como sujetos obligados a suministrar información, también.

A diferencia de otras leyes forales, la de La Rioja no impone obligaciones de publicidad activa a personas físicas o jurídicas que gestionen indirectamente servicios públicos, simplemente deberán suministrar información a la administración u organismo al que se encuentre vinculado el servicio.

Esta ley es la menos específica a la hora de tratar la gestión pública. Menciona una serie de principios a los que se deberá adecuar la actuación de la administración, entre ellos los siguientes:

§ Principio de transparencia

§ Principio de participación ciudadana

§ Principio de publicidad activa

§ Principio de orientación a la ciudadanía, hace referencia a que las actuaciones por parte de la Administraciones deben conducir a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y perseguir el interés general.

§ Principio de unidad de atención administrativa, establecer una especie de ventanilla única para sus relaciones con los ciudadanos.

§ Principio de accesibilidad.

No obstante, en su artículo 10 establece que deberá ser pública la información relativa a los actos de gestión administrativa que tenga repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación:

§ Todos los contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para la celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento, la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. Respecto a los contratos menores periodicidad trimestral de su publicidad. También se hará referencia a la parte porcentual del presupuesto asignada a cada uno de los procedimientos de contratación.

§ La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo y duración, modificaciones realizadas, los obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto y duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.

§ Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios, entendiendo como tales las reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En su ámbito subjetivo, en su artículo 5, establece una serie de sujetos que estarán obligados a suministrar información. Entre ellos se incluyen a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato.

En cuanto a su régimen de infracciones y sancionador, no se encuentra recogido en esta ley por lo que habrá que remitirse a la legislación estatal básica.

CATALUNYA

Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

El pasado 18 de diciembre de 2014, el Pleno del Parlamento de Catalunya, aprobó la proposición de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ésta fue promulgada con fecha 29 de diciembre de 2014 y publicada en el DOGC núm. 6780, en fecha 31.12.2014, y en el BOE núm. 18 de 21 de enero de 2015. La disposición final cuarta relativa a la entrada en vigor de la ley, establece que la ley no entrará en vigor hasta 6 meses desde su publicación. No obstante, para la entrada en vigor del título II, relativo a la publicidad activa, habrá que esperar un año desde su publicación.

Esta ley catalana en materia de transparencia al igual que sus análogas forales, aspiran a mejorar la transparencia y aumentar el compromiso de regeneración democrática y devolver a los ciudadanos la confianza perdida respecto a las instituciones públicas.

Esta ley se compone de noventa y cinco artículos, nueve disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. Todo ello estructurado en nueve títulos.

Primero de todo, cabe determinar el ámbito subjetivo de esta ley. El artículo 3 incluye a toda forma que se encuentre revestida por el manto de lo público. Además centrándonos en materia de contratación pública, el apartado segundo establece que en los casos de personas físicas o jurídicas que ejerzan funciones públicas o potestades administrativas, que presten servicios públicos o que perciban fondos públicos para funcionar o para llevar a cabo sus actividades por cualquier título jurídico, y las personas físicas o jurídicas que realicen actividades calificadas legalmente como servicios de interés general o universal deberán suministrar información necesaria para que la administración pueda cumplir con sus obligaciones.

En materia de publicidad activa, la ley catalana prevé dentro del título II, capítulo III Transparencia en la gestión administrativa, en los artículos 13 a 15, la obligación de hacer pública la información relativa a la contratación pública, a los convenios de colaboración y a la actividad subvencional. Toda esta publicidad no sería posible sin la inclusión de la obligación, que se hace en el artículo 3.5, de suministrar información por parte de los adjudicatarios.

En cuanto a los contratos se señalan que serán objeto de las obligaciones de transparencia los menores y los patrimoniales. La información que debe constar de los mismos es la siguiente:

§ La información sobre las entidades y los órganos de contratación, con la indicación de su denominación exacta, el teléfono y las direcciones postales y electrónicas.

§ La información sobre las licitaciones en trámite, que debe comprender como mínimo el tipo de contrato, su objeto, el contenido económico, los pliegos de cláusulas administrativas y las condiciones de ejecución.

§ La información sobre los contratos programados.

§ Los contratos suscritos, con la indicación de su objeto, el importe de la licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para contratar y la identidad del adjudicatario, la duración, el número de licitadores, los criterios de adjudicación, el cuadro comparativo de ofertas y sus respectivas puntuaciones, así como los acuerdos e informes técnicos del proceso de contratación. Esta información debe estar actualizada y referirse, como mínimo, a los últimos cinco años.

§ Las modificaciones contractuales, las prórrogas de los contratos, las licitaciones anuladas y las resoluciones anticipadas.

§ Los datos del registro público de contratos y del registro oficial de licitadores y empresas clasificadas.

§ Los acuerdos y criterios interpretativos de los órganos consultivos de contratación.

§ Una relación anonimizada de las preguntas y respuestas más frecuentes en las consultas en materia de contratación.

§ Las resoluciones de los recursos especiales, de las cuestiones de nulidad y de las resoluciones judiciales definitivas en materia de contratación, así como los actos de desistimiento, renuncia y resolución de contratos.

La Administración pública debe dar publicidad de forma constante y actualizada a los datos estadísticos sobre los porcentajes y el volumen presupuestario de los contratos adjudicados de acuerdo con cada uno de los procedimientos establecidos por la legislación de contratos del sector público. También debe dar publicidad al volumen presupuestario contratado por los distintos adjudicatarios en los últimos cinco años.

En los contratos de gestión de servicios públicos y de concesión de obras públicas, deben hacerse públicos los siguientes datos para facilitar su conocimiento a los usuarios:

§ Las condiciones y obligaciones asumidas por los gestores con relación a la calidad, el acceso al servicio y los requisitos de prestación del servicio.

§ Los derechos y deberes de los usuarios.

§ Las facultades de inspección, control y sanción que puede ejercer la Administración con relación a la prestación del servicio.

§ El procedimiento para formular quejas o reclamaciones.

En cuanto a la transparencia en los convenios de colaboración, se aplicará a todos los convenios y encargos de gestión suscritos entre los sujetos obligados y las personas privadas y públicas. Esta relación acerca de los convenios deberá estar compuesta de la relación de los convenios vigentes, indicando fecha, partes firmantes, objeto, derechos y obligaciones de cualquier tipo que generen y periodo de vigencia; eventuales modificaciones de lo antes señalado; e información relativa al cumplimiento y la ejecución de los convenios.

Esta publicidad, sigue, deberá hacerse pública mediante el Registro de convenios de colaboración y cooperación de la Generalidad, que debe integrarse en el Portal de la Transparencia.

Por último, respecto a la transparencia en la actividad subvencional, deberá hacerse pública la siguiente información:

§ Una relación actualizada de las subvenciones y otras ayudas que los sujetos obligados tengan previsto convocar durante el ejercicio presupuestario, con la indicación de su objeto o finalidad y la descripción de las condiciones para ser beneficiario de ellas.

§ Los objetivos, a efectos de utilidad pública o social, que pretende alcanzar la subvención o la ayuda y los efectos que la medida de fomento puede producir en el mercado, en su caso.

§ Las subvenciones y ayudas públicas otorgadas, con la indicación de su importe, objeto y beneficiarios. Esta información debe incluir las subvenciones y ayudas, debe estar actualizada y debe referirse a los últimos cinco años. También debe incluir las subvenciones y ayudas otorgadas sin publicidad y concurrencia si estos requisitos se han exceptuado, en los casos establecidos legalmente. En el caso de subvenciones y ayudas públicas otorgadas por motivos de vulnerabilidad social, debe preservarse la identidad de los beneficiarios.

§ La información relativa al control financiero de las subvenciones y ayudas públicas otorgadas.

§ La justificación o rendición de cuentas por parte de los beneficiarios de la subvención o ayuda otorgada.

Cuando las subvenciones o ayudas públicas superen la cantidad de 10.000 € se añade la obligación al beneficiario de las mismas, de proporcionar información acerca de las retribuciones de sus órganos de dirección o administración, para poder hacerlas públicas.

Ya en sede de buen gobierno, Título V, el artículo 55 relativo a los principios de actuación, establece la obligación, por parte de las administraciones y los organismo que forman parte del ámbito de aplicación, de incluir en los pliegos de cláusulas contractuales los principios éticos y las reglas de conducta a los que deben adecuar su actividad los contratistas y las personas beneficiarias, y deben determinar los efectos de un eventual incumplimiento de dichos principios.

El artículo 59 dispone que la Administración pública debe garantizar que los servicios de su competencia se prestan en unas condiciones mínimas y razonables de calidad, y que debe incluir cartas de servicio en el marco regulador de los servicios públicos básicos. Esto supone que cuando se lleve a cabo una licitación de gestión indirecta de servicios que sean competencia de alguna administración, en los pliegos administrativos deberá establecerse la necesidad de una carta de servicio que recoja los estándares mínimos del servicio y también los derechos de los usuarios.

El Título VII de esta ley recoge el sistema de garantías para el cumplimiento de esta ley. Este Título VII en su Capítulo II, recoge un régimen sancionador. Su artículo 76 establece que en caso de incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por esta ley por parte de las personas responsables, conlleva la aplicación del régimen sancionador que se encuentra regulado en este Capítulo II. 12

ISLAS BALEARES

Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Islas Baleares. Esta ley fue publicada en el BOIB núm. 53 de 9 de abril de 2011 y en el BOE núm. 103 de 30 de abril de 2011. Está vigente desde el 10 de abril de 2011.

La ley de transparencia de las Islas Baleares, hace referencia a la transparencia en la gestión pública, en el Título I, Capítulo II que comprende los artículos 18 a 22.

En primer lugar, se establece que en todos los procesos de gestión se actuará bajo el principio de transparencia y que se hará pública la información con los límites establecidos por la ley, y que esta transparencia se observará principalmente en la adjudicación y la ejecución de los contratos, en la firma de los convenios de colaboración, tanto los suscritos con otras administraciones públicas como con entidades privadas, y en la concesión de ayudas y subvenciones.

En cuanto a la contratación pública, los órganos de contratación deben tratar con igualdad y sin discriminación a los operadores económicos, y además, actuar con transparencia y con vigilancia del cumplimiento del TRLCSP y la normativa autonómica correspondiente.

Una vez adjudicado el contrato, dentro del Perfil del contratante, debe constar: licitadores, criterios de adjudicación y su ponderación, cuadro comparativo de las ofertas económicas, puntuación obtenida por cada oferta, adjudicatario, modificaciones del contrato adjudicado que representen un incremento igual o superior al 20% del precio inicial del contrato, la cesión del contrato y la subcontratación.

El apartado tercero del artículo 19, añade la obligación de publicidad en uno de los diarios de mayor difusión la información relativa a los licitadores, el cuadro comparativo las ofertas económicas y el adjudicatario, cuando sea obligatoria la publicación de la convocatoria en el boletín oficial correspondiente.

Este mismo artículo su apartado cuarto establece que deberá hacerse publicidad en el Perfil del contratante, de todos los contratos excepto los menores hasta 25.000€ (en contratos de obra) y hasta 9.000€ en el resto de contratos. Sobre este aspecto hay que tener en cuenta que el artículo 8.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de carácter básico de acuerdo con la disposición final octava, determina un ámbito mayor de exigencia al incluir a todos los contratos, independientemente de su importe, como sujetos a la obligación de publicidad activa. 13

En cuanto a la transparencia en la gestión de servicios públicos, establece un contenido mínimo en las cláusulas administrativas de dichos contratos en aras de garantizar a los usuarios, como mínimo, los siguientes derechos:

§ Presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio;

§ Obtener una copia sellada de todos los documentos que presenten en las oficinas de la concesionaria;

§ Utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en la comunidad autónoma en sus relaciones con el concesionario, representantes y trabajadores;

§ Acceder a la información que obre en poder de la concesionaria y sea necesaria para formular quejas o reclamaciones sobre la prestación del servicio;

§ A exigir a la administración el ejercicio de sus prerrogativas para resolver irregularidades en la prestación del servicio;

§ A ser tratadas de acuerdo con el principio de igualdad en el uso del servicio.

Respecto a los convenios de colaboración, se obliga a los órganos Administrativos de les Illes Balears y los entes del sector público instrumental a enviar al BOIB los primeros 20 días de cada cuatrimestre, siendo el primero enero, una relación de los convenios de colaboración suscritos en el cuatrimestre anterior, tanto si es con otra administración pública como con una entidad privada.

Los órganos de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y los entes del sector público instrumental autonómico, harán pública la información arriba señalada en su página web institucional.

Por último se obliga a motivar la utilización de la figura del convenio de colaboración y las razones que impidan otros instrumentos de relación con la Administración.

Por último, en cuanto a las ayudas y las subvenciones, cada órgano concedente de ayudas o subvenciones deberán publicar en la página web de la administración autonómica la información siguiente:

§ Información sobre las ayudas y subvenciones previstas para el ejercicio presupuestario;

§ Texto íntegro de la convocatoria de las ayudas o subvenciones;

§ Las concesiones de estas ayudas o subvenciones, dentro del mes siguiente a la notificación o la publicación, con indicación únicamente de la relación de los beneficiarios, el importe de las ayudas y la identificación de la normativa reguladora.

§ Las subvenciones concedidas sin promover la publicidad y la concurrencia.

Quedará exenta de publicidad la información los datos que vayan en contra la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal; la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de

mayo, de protección del derecho al honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen; datos protegidos por secreto comercial o industrial; o bien, por razones de seguridad e interés público.

EXTREMADURA

Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura. La ley de transparencia extremeña, fue publicada en el DOE núm. 99 de 24 de mayo de 2013 y BOE núm. 136 de 7 de Junio de 2013, y está vigente desde el 24 de Noviembre de 2013.

En materia de contratación pública, establece en su artículo 8, que los contratos públicos serán objeto de publicación en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadanas:

§ Contratos adjudicados, indicando objeto, importe de licitación y adjudicación, adjudicatario, modificaciones, prórrogas y variaciones de plazo o precio

§ Procedimientos que no conlleven publicidad en los diarios oficiales, cuando superen los 12.000€ para contratos de suministro y servicios y 30.000€ en los contratos de obras. Sobre este punto volvemos a citar la exigencia de publicación de todos los contratos, independientemente de su importe, establecido en el artículo 8.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de carácter básico. Deberán hacer público, el órgano de contratación, objeto del contrato, prescripciones técnicas, precio, licitadores, plazo de presentación de ofertas y plazo de formalización; criterios de adjudicación; cuadro comparativo de las ofertas económicas, propuestas técnicas y mejoras; puntuación por cada oferta; adjudicatario y sus solvencia técnica y económica; modificaciones del contrato que representen un incremento superior o igual al 10% del precio inicial de la licitación; y la cesión y subcontratación cuando proceda.

Respecto a los contratos de servicios y suministro cuya cuantía vaya de 6.000€ a 12.000€, y los contratos de obras que oscilen entre 6.000€ y 30.000€, deberá hacerse pública la información relativa a los licitadores, criterios de adjudicación, valoración y ofertas presentadas y el adjudicatario.

Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación sectorial.

En cuanto a la transparencia en la concesión de servicios, los prestadores de los mismos deberán proporcionar a los ciudadanos la información que les permita demandar la prestación de unos servicios de calidad y que recoja sus derechos.

Los adjudicatarios de servicios, estarán obligados a suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculados toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones previstas en esta ley.

Para ello, la Administración pública, recogerá en los pliegos de cláusulas administrativas las previsiones necesarias para garantizar los derechos de los usuarios. Entre ellos:

a) A obtener información sobre las condiciones de prestación del servicio público.

b) A presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio, que habrán de ser contestadas de forma motivada e individual.

c) A obtener copia sellada de todos los documentos que presenten en las oficinas de la concesionaria en relación con la prestación del servicio.

d) A exigir de la Administración el ejercicio de sus facultades de inspección, control y, en su caso, sanción para subsanar las irregularidades en la prestación del servicio.

e) A ser tratadas con respeto al principio de igualdad en el uso del servicio, sin que pueda existir discriminación, ni directa ni indirecta, por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Los convenios de colaboración deberán inscribirse en el Registro de Convenios a los 15 días de su firma y además publicarse en el DOE. En ellos constara información de las partes que firman el convenio, el objeto, plazo y condiciones de vigencia, lugar de publicación, y posibles modificaciones.

Estos datos recogidos en el Registro deberán ser de acceso público a través del Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana.

El artículo 11 aborda la transparencia de las subvenciones y ayudas. Se establece que la Administración autonómica deberá publicar en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana la siguiente información:

§ Relación actualizada de las ayudas o subvenciones que vayan a convocarse durante el ejercicio presupuestario, indicando importe, objetivos, y las condiciones a reunir por parte de los posibles beneficiarios.

§ Texto íntegro de la convocatoria de ayudas y subvenciones.

§ Las concesiones de dichas ayudas o subvenciones dentro de los quince días siguientes al de su notificación o publicación, con indicación únicamente de la relación de los beneficiarios, el importe de las ayudas y la identificación de la normativa reguladora.

§ Subvenciones concedidas fuera de los procedimientos de concurrencia competitiva

§ Esta publicidad también es exigible frente a:

§ Concesiones de créditos oficiales

§ Concesiones de ayudas en que la Administración asuma la obligación de satisfacer a la entidad prestamista todo o parte de los intereses.

§ Condonaciones de crédito

§ Cualquier otro acuerdo o resolución de los cuales resulte un efecto equivalente a la obtención de ayudas directas por parte del beneficiario

§ Aportaciones dinerarias realizadas por las administraciones públicas a favor de otras entidades u organismos

ANDALUCÍA

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Esta ley entrará en vigor al año de su publicación. Respecto a las entidades locales andaluzas, éstas dispondrán de dos años de vacatio legis para adaptarse a las obligaciones de la presente ley. Así lo establece la disposición adicional quinta.  Esta ley fue publicada en el BOJA núm. 124 de 30 de Junio de 2014 y BOE núm. 172 de 16 de Julio de 2014. Entrará en vigor el 30 de Junio de 2015.

Dentro del ámbito subjetivo, esta ley en su artículo 4 establece una obligación, a las personas jurídicas y físicas que presten servicios públicos o ejerzan funciones delegadas de control u otro tipo de funciones administrativas, de suministrar información a la Administración, organismo o entidad a las que se encuentren vinculadas. Esto siempre se llevará a cabo en un plazo de 15 días desde que sea requerida.

Sigue en su apartado segundo, que esta obligación se extiende a las personas adjudicatarias de contratos del sector público. Por lo tanto los pliegos de cláusulas administrativas particulares deben hacer referencia a esta obligación. Esta obligación se extiende también a las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas.

Sin necesidad de llegar al título relativo al régimen sancionador y disciplinario, el apartado cuarto de este mismo artículo 4, recoge la posibilidad de imposición de multas coercitivas en caso de no cumplir con la obligación de suministrar información. Sanción que puede consistir en multa de 100 a 1.000 € (esta sanción puede ser reiterada por periodos de quince días hasta su cumplimiento, sin que pueda exceder el 5% del importe del contrato, subvención o instrumento administrativo que habilite para el ejercicio de las funciones públicas o la prestación de los servicios). Si en dicho instrumento no figura la cuantía concreta, la multa no excederá de 3.000€.

Por último, su apartado quinto señala que los medios materiales y personales para el cumplimiento de las obligaciones de suministro de información serán valorados por la administración estableciendo las previsiones necesarias en los contratos públicos y en las bases reguladoras de las subvenciones. 17

A diferencia de los sujetos señalados en el artículo 4, el artículo 5 recoge otros sujetos obligados, empresas prestadoras de servicios públicos locales en régimen de gestión indirecta. Éstos deberán cumplir con las obligaciones de publicidad activa, determinadas reglamentariamente para poder hacer efectivo el principio de transparencia financiera y en la gestión de los servicios locales de interés general según se prevé en el artículo 27.8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, que tendrán el carácter de comunes y mínimas y podrán ser complementadas con otras por las entidades locales. Además, estas obligaciones de publicidad activa deberán constar en las ordenanzas reguladoras de la prestación del servicio público y los pliegos.

En cuanto a la información sobre los procedimientos, cartas de servicio y participación ciudadana, el artículo 14 establece en su letra b) que las administraciones públicas andaluzas publicarán información sobre los servicios públicos que gestiona la Comunidad Autónoma de Andalucía, informes sobre el grado de su cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así como la información disponible que permita su valoración. Esto supone que en los pliegos en materia de contratación pública, en los servicios de gestión indirecta de servicios públicos, deberá recoger la obligación de hacer pública una carta de servicios y además señalar los derechos de los usuarios.

Seguidamente, el artículo 15 nos habla de la información sobre contratos, convenios y subvenciones. Este artículo establece que las entidades recogidas en el ámbito subjetivo de esta ley deberán hacer pública la información relativa a la gestión administrativa siguiente:

§ Todos los contratos, indicando objeto, duración, adjudicación, procedimiento, instrumentos de publicidad, número de licitadores participantes, identidad del adjudicatario, modificaciones o prórrogas, supuestos de resolución o de declaración de nulidad, revisiones, cesiones de contrato, desistimiento, renuncia y subcontrataciones cuando sea posible.

También se hará publicidad de los datos estadísticos en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.

En cuanto a los contratos menores, su publicidad podrá ser trimestral.

§ Convenios suscritos, indicando las partes firmantes, objeto, duración, modificaciones, personas obligadas a la realización de las prestaciones y las posibles obligaciones económicas convenidas.

§ También será objeto de publicidad las encomiendas de gestión que se firmen, indicando su objeto, presupuesto, obligaciones económicas, subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias y procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.

§ Subvenciones y ayudas públicas concedidas indicando la convocatoria, resolución de la concesión, programa y crédito presupuestario, importe, finalidad y personas beneficiarias.

Respecto a los procedimientos de contratación, la disposición adicional séptima regula la Transparencia en los procedimientos negociados sin publicidad, impone la obligación de publicar un anuncio en el perfil del contratante, simultáneamente al envío de la solicitudes de las oferta, al objeto de facilitar la participación de otros posibles licitadores. Las ofertas que presenten los licitadores que no hayan sido invitados no podrán rechazarse exclusivamente por dicha circunstancia. Esto supone una auténtica desnaturalización del procedimiento negociado sin publicidad, para convertir estos procesos de facto en un negociado con publicidad.

El título V de esta ley de transparencia andaluza, establece un régimen sancionador. En el artículo 51 apartado b), señala como sujetos que pueden ser objeto de sanción, a las personas físicas o jurídicas que están obligadas a suministrar información. LA letra c), incluye como susceptibles de ser sancionados, a aquellas empresas que presten servicios públicos de manera indirecta.

El régimen de infracciones de las personas obligadas al suministro de información (las del artículo 4) se encuentra recogido en el artículo 53 y son las siguientes:

Ø Muy graves:

·  Incumplir la obligación de suministrar información requerida por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía o para dar cumplimiento a una resolución del mismo en materia de acceso.

·  Reincidencia en la comisión de faltas graves. Más de una infracción de la misma naturaleza, cuando haya sido declarada por resolución firme, en un mismo año.

Ø Graves:

·  Falta de contestación al requerimiento de información

·  Suministrar información incumpliendo el principio de veracidad establecido en el artículo 6. e).

·  Reincidencia comisión de faltas leves. En un mismo año, más de una infracción de la misma naturaleza declarada por resolución firme.

Ø Leves:

·  Retraso injustificado en el suministro de información

·  Suministrar parcialmente o condiciones distintas la información reclamada.

En cuanto a los sujetos del artículo 5, en especial atención, a los prestadores de servicios públicos, las infracciones se encuentran recogidas en el artículo 54: 19

Ø Muy graves: incumplir obligaciones de publicidad activa desatendiendo el requerimiento expreso del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Ø Grave: incumplimiento reiterado de obligaciones de publicidad activa

Ø Leve: incumplimiento de obligaciones de publicidad activa cuando no constituya infracción grave o muy grave.

En cuanto al régimen sancionador, las consecuencias de las infracciones recogidas en los artículos 53 y 54 (referente a sujetos obligados a suministro de información, y sujetos que realicen gestión indirecta de servicios públicos) son las siguientes:

§ Sanciones de amonestación y multa

§ Las infracciones leves podrán sancionarse con amonestación o multa entre 200 y 5.000€

§ Las infracciones graves se sancionarán con multa comprendida entre 5.001 y 30.000 €.

§ Las infracciones muy graves se sancionarán con multa comprendida entre 30.001 y 400.000 €.

Por último, las infracciones graves y muy graves podrán conllevar como sanción accesoria el reintegro total o parcial de la subvención concedida, resolución del contrato, concierto o vinculo establecido. Para determinar la imposición de graduación de estas sanciones accesorias, se atenderá a la gravedad de los hechos y su repercusión, de acuerdo con el principio de proporcionalidad.

En cuanto a la competencia sancionadora, el artículo 58 establece que para las infracciones de las personas obligadas al suministro de información, la competencia reside en el órgano que determine la normativa aplicable en la Administración o entidad a la que se encuentre vinculada la persona infractora. En lo que respecta a las infracciones del artículo 54, las cometidas por personas que llevan a cabo gestión indirecta de servicios públicos, la potestad sancionadora será ejercida por la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de la presidencia o por la entidad local titular del servicio público.

MURCIA

Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Esta ley fue publicada en el BORM núm. 290 de 18 de diciembre de 2014 y BOE núm. 8 de 9 de enero de 2015. La disposición final cuarta, relativa a la entrada en vigor de la presente ley, establece que el título II relativo a la transparencia en la actividad pública y el título V del régimen sancionador, no entrarán en vigor hasta los seis meses desde su publicación. El resto del texto normativo al día siguiente desde su publicación. 20

Dentro del ámbito subjetivo de esta ley, el artículo 6 establece que aquellas entidades que presten unos servicios sufragados a cargo de fondos públicos en materia de educación, deportes, sanidad y servicios sociales, deberán llevar a cabo la publicidad activa, como mínimo de la de la legislación básica estatal. Estas obligaciones deberán estar incluidos en los pliegos de contratación.

El artículo 7 hace referencia a otros sujetos que solo deberán suministrar información. Se trata de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, previo requerimiento de la misma y un plazo máximo de 15 días.

Esta obligación incluye a los adjudicatarios de contratos del sector público y a los beneficiarios de subvenciones.

Ante el incumplimiento de estas obligaciones de suministro de información, se podrán imponer multas coercitivas que podrán ser reiteradas por periodos de 15 días hasta su cumplimiento. Estas sanciones no podrán superar el 5% del importe del contrato, subvención o instrumento administrativo que habilite para el ejercicio de las funciones públicas o la prestación de servicios. Si no consta la cuantía en dicho instrumento la multa no excederá de 5.000 €.

Los medios personales y materiales para el cumplimiento de las obligaciones de suministro de información, serán un criterio a valorar en materia de contratación pública.

El artículo 17 de esta ley, en materia de contratación establece que deberá hacerse pública la siguiente información: objeto y tipo de contrato, importe, procedimiento para su celebración, instrumento de publicidad, número de licitadores, identidad adjudicatario, fecha formalización, fecha inicio de ejecución, duración, modificaciones y prórrogas, procedimientos desiertos, supuestos resolución o nulidad, desistimientos y renuncias, subcontrataciones, y datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público y el número de contratos adjudicados por cada uno de los procedimientos.

En cuanto a los obligados por el artículo 6, deberán hacer pública la información sobre los contratos celebrados con entidades e instituciones del ámbito subjetivo de esta ley.

En materia de convenios, deberá hacerse pública la información relativa a las partes firmantes, objeto y plazo de duración, modificaciones y prórrogas, y las prestaciones a que se obliguen las partes.

En materia de concesión de servicios públicos, la Administración Pública recogerá en los pliegos de cláusulas administrativas las previsiones necesarias para garantizar ciertos derechos a las personas usuarias.  

Por lo que respecta a las subvenciones, el artículo 18 hace mención acerca de la publicidad de las mismas, indicando objeto, duración, presupuesto, beneficiarios y órgano concedente.

El título V del Régimen sancionador, Capítulo III, recoge en su artículo 46 como personas responsables a los sujetos obligados a suministrar información del artículo 7 y a los otros sujetos obligados del artículo 6.

En cuanto a las sanciones de los obligados al suministro de información (los del artículo 7):

Ø Muy graves:

·  Incumplimiento de la obligación de suministro de información que haya sido requerida por el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia o para dar cumplimiento a una resolución del mismo en materia de acceso.

·  La reincidencia en la comisión de faltas leves.

Ø Graves:

·  Falta de contestación a un requerimiento de información

·  Suministro de información incumpliendo el principio de veracidad, de acuerdo con el artículo 3. c).

·  Reincidencia en la comisión de faltas graves.

Ø Leves:

·  Retraso injustificado en el suministro de la información.

·  Suministro parcial o en condiciones distintas de las reclamadas.

Por reincidencia se entenderá la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando haya sido declarado por resolución firme.

En cuanto a las entidades del artículo 6, las sanciones que les corresponden son las siguientes:

§ Muy graves: incumplir obligaciones de publicidad activa previo requerimiento expreso del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia

§ Graves: incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa que sean de aplicación o publicar información incumpliendo el principio de veracidad.

§ Leves: incumplimiento de obligaciones de publicidad activa que sea de aplicación cuando no constituya infracción grave o muy grave.

En cuanto a las sanciones, tanto para los sujetos del artículo 6 como los del artículo 7, son las siguientes:

§ Para las leves, amonestación o multa por importe de entre 200 a 5.000 €.

§ Para las graves, multa de 5.001 a 30.000 €.

§ Para las muy graves, multa por importe de entre 30.001 a 400.000 €.  

Las infracciones graves y muy graves, podrán acarrear una sanción accesoria como el reintegro total o parcial de subvenciones concedidas, resolución del contrato, concierto o vínculo establecido.

En cuanto a la competencia sancionadora respecto a los sujetos del artículo 6.2, la ostentará el consejero competente en los ámbitos de actuación señalados.

ISLAS CANARIAS

Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

La Ley de transparencia de las Islas Canarias, fue publicada en el BOC núm. 5 de 9 de Enero de 2015 y BOE núm. 32 de 06 de Febrero de 2015. Esta ley está vigente desde el 10 de Enero de 2015. La disposición final tercera relativa a la entrada en vigor de la presente ley, establece que el título II relativo a la publicidad de la información entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el BOC.

Como en todas ellas, dentro de su ámbito subjetivo además de incluir una serie de sujetos entre ellos todo aquel sujeto que este impregnado de lo público, en su artículo 4 se incluye a personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas. Sin embargo, el precepto de este artículo ya señala el límite de la transparencia para estos sujetos que solo deberán suministrar información al resto de sujetos que sí que están obligados a la publicidad activa.

Este suministro de información deberá llevarse a cabo en un plazo de 10 días desde el requerimiento por parte de la Administración o sujetos obligados por la publicidad activa.

En su apartado segundo del mismo artículo 4, se señala que la obligación de suministro de información por parte de los adjudicatarios, deberá estar regulada en los pliegos contractuales.

Todo seguido, su apartado tercero señala que en los pliegos contractuales de las licitaciones públicas, donde la obligación de suministro de la información sea preceptiva, deberá establecerse la forma en que la información debe ponerse a disposición de la Administración, organismo o entidad adjudicataria.

Aquí nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Qué licitaciones quedan afectadas por esta obligación?

Ya en sede de contratación pública, es destacable la matización específica que se hace en materia de obras públicas, no tratándolo conjuntamente con otra tipología contractual como pudiera ser los contratos de suministro o los de gestión indirecta de servicios.

Establece que se hará pública la información siguiente de las obras públicas financiadas, total o parcialmente, por la Administración, organismos o entidades dependientes de la misma:

·  Presupuesto, pliegos y criterios de adjudicación

·  Número de empresas que han concurrido a la licitación

·  Empresa o empresas adjudicatarias

Además deberá publicarse la información actualizada, hasta la puesta al uso o servicio público, de las obras públicas que estén en fase de ejecución como:

a) Denominación y descripción de la obra.

b) Importe de su ejecución, diferenciando el presupuesto inicial de cada una de las revisiones posteriores, sean por modificaciones de la obra o por revisión de precios.

c) Administraciones, organismos o entidades que la financian, incluyendo el importe que les corresponde.

d) Persona o entidad adjudicataria de la ejecución material.

e) Fecha de inicio y conclusión, así como, en su caso, las prórrogas o ampliaciones del plazo de ejecución que se hayan concedido.

f) Penalizaciones impuestas por incumplimientos del contratista.

g) Administración titular de la obra ejecutada y, en su caso, del mantenimiento posterior de la misma.

En su artículo 28 se habla de la información de los contratos públicos, en donde los órganos de contratación (Administración, organismo y entidades vinculadas o dependientes) deberán publicar la siguiente información:

a) Información general de las entidades y órganos de contratación

b) Información sobre los contratos programados, los contratos adjudicados, las licitaciones anuladas y cualquier otra que se considere necesaria o conveniente para la adecuada gestión de la contratación.

c) Información sobre las licitaciones en curso, con acceso a la totalidad de las condiciones de ejecución del contrato y, en su caso, la restante documentación complementaria.

d) La composición y convocatorias de las mesas de contratación.

e) La información sobre las preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los contratos.

Respecto los contratos formalizados, y sin perjuicio de la información que deba hacerse pública en el perfil del contratante y de la que ha de inscribirse en el Registro de Contratos del Sector Público, deberá publicarse y mantener actualizada la información siguiente:

a) Los contratos formalizados, con indicación del objeto, la duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado, los instrumentos a través de los que en su caso se haya publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de los adjudicatarios.

b) Los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.

c) El número de contratos menores formalizados, trimestralmente, especificando el importe global de los mismos y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de los contratos formalizados.

d) Las modificaciones de los contratos formalizados, así como las prórrogas y variaciones del plazo de duración o ejecución.

e) Las penalidades impuestas, en su caso, por incumplimiento de los contratistas.

f) La relación de contratos resueltos. Específicamente, se harán públicas las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.

En cuanto a los convenios y encomiendas de gestión, esto se aborda en el artículo 29. Este artículo establece que deberá hacerse pública los convenios celebrados por la Administración con otras administraciones públicas, y otros sujetos públicos o privados. Esta información deberá contener como mínimo:

·  Partes firmantes

·  Objeto, indicando las actuaciones o actividades comprometidas y los órganos o unidades encargados de la ejecución de las mismas

·  Financiación, indicando las cantidades que corresponden a cada una de las partes firmantes

·  Plazo y condiciones de vigencia

·  Objeto y fecha de las distintas modificaciones realizadas durante su vigencia

·  Boletín oficial en que fue publicado y el registro en el que está inscrito.

Se añade la obligación de publicar todos los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma, y además éstos deberán inscribirse en el registro de convenios.

Por lo que respecta a las encomiendas de gestión, deberá hacerse pública la información siguiente y mantenerla actualizada:

a) Entidad a la que se realiza la encomienda

b) Número y categorías de las personas

c) Medios materiales que la entidad encomendante haya acordado poner a disposición de la encomendad para la realización del trabajo.

d) Los motivos que justifican que no se presten los servicios con los medios personales con que cuenta el órgano o entidad encomendante.

e) Objeto y presupuesto de la encomienda

f) Tarifas o precios fijados

g) Modificaciones y revisiones del presupuesto y los precios

h) Subcontrataciones efectuadas en su caso, indicando el procedimiento para ello, la persona o entidad adjudicataria y el importa de adjudicación

Respecto a la concesión de servicios públicos, se le añaden las obligaciones establecidas para los contratos de obra, y además se incluyen las siguientes:

a) Servicio público objeto de la concesión administrativa

b) Identificación del concesionario

c) Plazo de la concesión, régimen de financiación y condiciones de prestación del servicio.

Por último, respecto a la información relativa a las ayudas y subvenciones, la ley establece que se hará pública y se mantendrá actualizada la información siguiente:

§ Planes estratégicos de ayudas y subvenciones, además de su publicación en el BOC en los veinte días siguientes a su aprobación.

§ Relación de las líneas de ayudas y subvenciones que tenga previsto convocar durante el ejercicio presupuestario y las concedidas, indicando el importe, objetivo y la descripción de los posibles beneficiarios. Además la relación de subvenciones concedidas sin promover la concurrencia publicándolas trimestralmente en el BOC dentro del mes siguiente a la finalización del trimestre y justificando la no existencia de convocatoria pública.

Frente a estas obligaciones, la pregunta lógica que nos planteamos es acerca de la reprimenda ante la falta de suministro de publicidad a la que obliga a determinados sujetos. Pues bien, el Capítulo V: INFRACCIONES Y SANCIONES aborda esta cuestión. El artículo 67 establece que ante el incumplimiento de las obligaciones de esta ley se prevén una serie de sanciones.

En nuestro caso, en materia de contratación pública estaríamos analizando el alcance de la responsabilidad de los sujetos obligados del artículo 4.

El artículo 69 en su letra B) establece para los sujetos del artículo 4 una serie de infracciones administrativas clasificándolas en tres categorías atendiendo a la gravedad de las mismas:

Ø Muy graves:

a. Incumplimiento más de tres veces durante dos años de la obligación de suministro de información que haya sido reclamada como consecuencia de un requerimiento del comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública o para dar cumplimiento a una resolución del mismo en materia de acceso.

b. La reincidencia en la comisión de faltas graves. Reincidencia que se dará si durante un año se comete la misma infracción y ha sido declara como tal por resolución firme.

A estas infracciones les corresponde una multa que oscila entre los 30.001 y 300.000€. Además esta sanción puede llevar aparejada la obligación de reintegrar el total o parte de las subvenciones o ayudas públicas concedidas. Esto se hará atendiendo al principio de proporcionalidad según los hechos y su gravedad.

Ø Graves:

a. Falta de contestación al requerimiento de información

b. Suministro de información eludiendo el principio de veracidad

c. Reincidencia en la comisión de faltas leves, en los mismos términos arriba señalados. 27

La comisión de estas infracciones serán sancionadas con multa comprendida entre los 5.001€ y 30.000€. Además esta sanción puede llevar aparejada la obligación de reintegrar el total o parte de las subvenciones o ayudas públicas concedidas. Esto se hará atendiendo al principio de proporcionalidad según los hechos y su gravedad.

Ø Leves:

a. Retrasar el suministro de información sin justificación alguna

b. Suministro de la información parcialmente o en condiciones distintas a las reclamadas.

Estas infracciones serán sancionadas con amonestación o multa que oscila entre los 200 y 5.000€.

En cuanto al procedimiento a seguir para el ejercicio de la potestad sancionadora, establece el artículo 70.3 que se ajustará a lo establecido por la legislación básica de procedimiento administrativo, es decir la Ley 30/92.

Por lo que respecta al órgano competente para la iniciación de los procedimientos sancionadores, el artículo 71.2 establece que:

§ Cuando el responsable sean sujetos comprendidos en el artículo 3, lo será el titular del departamento que haya otorgado la subvención o ayuda pública, o el competente en la materia a la que se refiera el concierto. En el caso de varias subvenciones, se hará cargo el departamento que haya otorgado la mayor cuantía.

§ Cuando el responsable sean los sujetos del artículo 4, lo será el órgano que tenga atribuidas las competencias del servicio o de la materia al que deba suministrar la información.

A la fecha de redacción del presente documento, respecto a la elaboración de las leyes de transparencia en el resto de comunidades autónomas, la situación es la siguiente:

ASTURIAS: Proyecto de ley

CANTABRIA: -----

PAIS VASCO: proyecto de ley 28

CASTILLA Y LEÓN: Proyecto de Ley

MADRID: -----

CASTILLA LA MANCHA: Anteproyecto de Ley.

COMUNIDAD VALENCIANA: Proyecto de ley de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana.

ARAGÓN: Proyecto de Ley



Barcelona, 17 de febrero de 2015


Comparando las leyes de transparencia forales en el ámbito de la contratación pública y las subvenciones

Escrito por MadariagaAssessors 11-03-2015 en contratación pública. Comentarios (0)

ESTUDIO COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO DE LAS LEYES DE TRANSPARENCIA APROBADAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y LAS SUBVENCIONES

Estos últimos años, el desafecto de la ciudadanía frente a las instituciones públicas y la desconfianza frente a cómo se gestiona el caudal público ha ido in crescendo. Los numerosos casos de corrupción que han azotado nuestro país (caso Gürtel, Noos, Palau de la Música, Blesa, más recientemente las Black Card, entre muchos otros) han generado un malestar social que junto a la crisis económica y el aumento del paro, ha provocado una profunda crisis de valores que comporta un replanteamiento de los cimientos del sistema democrático instaurado en 1978.

El estado Español, en vista de este problema, ha emprendido el comienzo de un camino con la finalidad de hacer que el ciudadano desarrolle más activamente su esfera política, que sea él quién fiscalice la actuación pública dotándole de un derecho de acceso a la información pública, y de esta manera regenerar el sistema democrático. Un camino en el que a la vez se busca una eficiencia en la gestión del dinero público por parte de la administración, y a la vez tratar de inculcar unos valores y unos principios, como es la introducción de unas normas de conducta.

Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.

Así se expresa la exposición de motivos de la Ley 19/2013, de diciembre, de transparencia, de acceso a la información y buen gobierno. Cabe destacar que su aprobación parlamentaria se produjo el 9 de diciembre, precisamente el día internacional contra la corrupción.

De acuerdo con la disposición final octava la Ley tiene el carácter de legislación básica en la mayoría de sus artículos. El artículo 5.2 de la Ley precisamente declara que las comunidades autónomas podrán prever un régimen más amplio en materia de publicidad activa. En este sentido, han sido diversas las comunidades autónomas que han aprobado leyes en materia de transparencia con un régimen más amplio en cuanto a las obligaciones cumpliendo con los preceptos estatales. Ahora pasaremos a analizar las diferencias que podemos encontrar entre unas y otras y respecto a la normativa estatal, sobretodo haremos especial hincapié en materia de contratación pública.  

GALICIA

Ley 2/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega. Esta ley fue publicada en DOG núm. 136 de 14 de junio de 2006 y BOE núm. 198 de 19 de Agosto de 2006. Está vigente desde el 3 de Agosto de 2006.

Galicia podríamos decir que es la comunidad autónoma pionera en materia de transparencia en la administración pública, ya que desde el 2006 consta con una ley en esta materia.

En materia de contratación pública, su artículo 10 establece la promoción de la transparencia; en su apartado segundo vemos lo que podría denominarse el germen del perfil del contratante (anterior a la publicación de la Ley 30/2007) al establecer que en los procedimientos de contratación en la que sea preceptiva la publicación de anuncios de publicidad, podrá complementariamente publicarse en la página web del órgano contratante; una vez adjudicado el contrato deberá hacerse publicidad de la información del mismo:

§ Licitadores

§ Criterios de selección y su valoración

§ Cuadro comparativo de ofertas económicas

§ La puntuación obtenida por cada oferta, con detalle de la otorgada para cada criterio de valoración

§ Resumen de la motivación de la valoración obtenida

§ Adjudicatario

§ Modificación del contrato adjudicado que suponga un incremento, igual o superior, al 20% del precio inicial del contrato, y este sea superior a 1M€

Cuando se dé un supuesto de cesión o subcontratación también se dará publicidad de esta circunstancia junto a las razones de tal decisión.

Por último, destacar que en los contratos adjudicados por concurso, por regla general, la ponderación del precio como criterio de adjudicación del contrato no será inferior al 40% de la puntuación máxima que pueda atribuirse a las ofertas. De alguna manera se trata de limitar la discrecionalidad por parte de la administración a la hora de contratar.

En cuanto a los convenios de colaboración, esta ley establece que la Consellería o entidad remitirá al Diario Oficial de Galicia, en los primeros 20 días de enero, mayo y septiembre, una relación de los convenios de colaboración suscritos en los cuatro meses anteriores, al mismo tiempo que lo hará público en sus respectivas páginas web.

En el expediente administrativo deberá motivarse la utilización de la figura del convenio y las razones que impidan la concurrencia y excluyan la celebración de un contrato administrativo; se establece la necesaria autorización previa del Consejo de la Xunta cuando impliquen la asunción de obligaciones de contenido económico superior a 150.000 euros o bien cuando dichas obligaciones tengan carácter plurianual.

Por lo que respecta a las concesiones de servicios públicos, se hace una referencia a los pliegos de cláusulas administrativas, a su contenido mínimo para garantizar una serie de derechos a los usuarios.

En última instancia se hace referencia a la actividad de fomento entendida como ayudas públicas y actividad subvencional, donde se promueve la transparencia en cuanto su concepto, finalidad y cantidad.

Los convenios de colaboración que se suscriban por la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, organismos autónomos, sociedades públicas, fundaciones del sector público autonómico y demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Comunidad Autónoma de Galicia, entes y empresas participadas mayoritariamente por la Xunta de Galicia, necesitaran la autorización previa del Consejo de la Xunta cuando impliquen asunción de obligaciones de contenido económico por importe superior a 150.000€ o cuando dichas obligaciones, aunque no superen la citada cifra, tengan carácter plurianual.

Todos estos convenios deberán estar recogidos en el registro central de convenios de colaboración.

Por lo que respecta la concesión de servicios públicos, deberán regirse por el principio de transparencia en la gestión ¿esto que supone?

Por ejemplo, se impone que en los pliegos administrativos se establezca el estatuto del usuario. Este estatuto comprenderá información sobre los derechos de los usuarios:

§ A presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio

§ A obtener copia sellada de todos los documentes que presenten en las oficinas concesionarias

§ A utilizar a su elección el gallego o el castellano en sus relaciones con el concesionario, representantes y sus trabajadores.

§ A acceder a toda la información que obre en poder de la concesionaria y sea precisa para formular quejas o reclamaciones sobre la prestación del servicio

§ A exigir del Administración el ejercicio de sus potestades

§ A ser tratadas con respeto al principio de igualdad en el uso del servicio

Por otro lado, en cuanto a la actividad de fomento, deberá regirse por los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la administración otorgante y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

En cuanto al registro y la publicidad de las ayudas, subvenciones y convenios, se remiten a la ley presupuestaria correspondiente y demás normativa de aplicación.

Cada consellería, organismo o entidad de derecho público vinculada o dependiente de la Administración de la Comunidad Autónoma que realice actividades de fomento mediante el otorgamiento de fondos públicos (como concesiones créditos oficiales, ayudas en que la Administración asuma obligaciones de satisfacer a la entidad prestamista todo o parte de los intereses, condonaciones de crédito, acuerdos o resoluciones de los cuales resulte un efecto equivalente a la obtención de ayudas directas por parte del beneficiario, aportaciones dinerarias realizadas por la comunidad autónoma a favor de las entidades locales siempre que no estén destinadas a financiar globalmente actividad a cada ente) deberá publicar en su página web:

§ Relación actualizada de las líneas a de ayudas o subvenciones que vayan a convocarse durante el ejercicio presupuestario, indicando importes, objetivo o finalidad, y la descripción de los posibles beneficiarios.

§ El texto íntegro de la convocatoria de las ayudas o subvenciones

§ Concesiones de dichas ayudas o subvenciones, dentro de los cinco días siguientes al de su notificación o publicación, indicando únicamente la relación de los beneficiarios, el importe de las ayudas y la identificación de la normativa reguladora.

Como límites a esta publicidad encontramos: la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen; datos protegidos por el secreto comercial o industrial; o bien la anteposición de un interés público más digno de protección

Cabe destacar por su ausencia, el régimen de infracciones y sus respectivas sanciones de este cuerpo normativo. No obstante, será aplicable toda norma en materia de contratación pública

NAVARRA

Ley 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y el Gobierno abierto, y la Ley 2/2011, de 17 de marzo, código de buen gobierno de Navarra.

En cuanto a la comunidad autónoma de Navarra, lo primero hay que señalar es que a diferencia de la legislación estatal, la transparencia se encuentra dividida en dos leyes: una que abarca la transparencia y el gobierno abierto; mientras que la otra se encarga de establecer un código de buen gobierno. La Ley de transparencia y buen gobierno fue publicada en BON núm. 125 de 28 de Junio de 2012 y BOE núm. 168 de 14 de Julio de 2012 y está vigente desde el 28 de Diciembre de 2012.

Antes de entrar al estudio de la misma, hay que determinar el ámbito subjetivo de esta ley. A diferencia del resto de comunidades autónomas, esta hace una mención de los sujetos obligados un poco pormenorizada en su artículo 2. Entre ellas se incluye dentro de los sujetos obligados a publicidad activa a las personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos bajo la autoridad de alguna administración u organismo público.

También se incluyen otros sujetos con unas obligaciones que solo consistirán en el suministro de información, a la administración a la que se encuentren vinculadas para que estas últimas puedan cumplir con las obligaciones previstas en la Ley.

Primero de todo cabe destacar que en materia de transparencia, que abarca toda relación con la administración pública, Navarra ya disponía de instrumentos que la garantizaban como la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, o la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Centrándonos en el texto legal objeto de análisis, vemos como en el Capítulo II referente a la transparencia en la gestión administrativa y se instauran ciertas obligaciones, a destacar las siguientes:

§ Se fomenta la utilización del Portal de Contratación de Navarra, creado por la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos públicos, como mecanismo de comunicación entre la administración y el ciudadano. Esto ayudará al fácil acceso de cualquier tipo de información: licitaciones, entidades y órganos de contratación, información de contratos programados, adjudicados, licitaciones suspendidas, información sobre preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los contratos (artículo 17 apartado primero).

§ A la hora de elaborar un contrato público, se establece que deberá incluirse como criterio de adjudicación, la aportación por los licitadores de herramientas de software libre, atendiendo al contenido y la finalidad del mismo contrato.

§ La administración creará una base de datos de libre acceso que recogerá información actualizada relativa a los contratos con las empresas (número de contratos con cada empresa, proyecto o servicio adjudicado, presupuesto de adjudicación, y departamento que lo concede.)

Respecto a la concesión de servicios, se exige a los prestadores de éstos que garanticen unos estatutos de los usuarios. En el mismo artículo 18 apartado tercero, señala que en los pliegos de cláusulas administrativas deberán recoger las previsiones necesarias para garantizar a los usuarios una serie de derechos (estatuto del usuario), todos ellos tendentes a la fiscalización por parte del ciudadano de la gestión de lo público, como los siguientes:

a) Obtener información sobre las condiciones de prestación del servicio público

b) Presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio

c) Obtener copia sellada de todos los documentos que presenten en las oficinas del concesionario

d) Exigir a la administración el ejercicio de sus potestades frente al concesionario

e) Ser tratadas con respeto al principio de igualdad en el uso del servicio, sin discriminación alguna por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia o condición personal.

En cuanto a la transparencia en los convenios de colaboración, ésta se articulará a través del Registro de Convenios y Acuerdos, creado por la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, como instrumento de publicidad, transparencia y control de los convenios y acuerdos firmados por la administración.

Este registro podrá ser consultado presencial como telemáticamente sin coste alguno, y deberá contener la información siguiente:

§ Partes firmantes del convenio

§ Objeto del convenio

§ Plazo y condiciones de vigencia

§ Lugar de publicación del convenio

§ Modificaciones durante su vigencia y las fechas de las mismas

Respecto a la actividad subvencional, cabe destacar la letra c) del apartado primero del artículo 20, que señala que cuando las subvenciones/ayudas públicas afecten al mercado, motivar en qué medida sus efectos serán mínimamente distorsionadores del mercado.

Por lo demás, debe hacerse pública información como:

§ Relación actualizada de las líneas de ayuda o subvenciones que tenga previsto convocar durante el ejercicio presupuestario

§ Enumeración de los objetivos y efectos de utilidad pública o social que se pretenden conseguir con la aplicación de cada subvención

§ Texto íntegro de la convocatoria de las ayudas o subvenciones y su concesión

§ Publicidad de las subvenciones concedidas sin publicidad ni concurrencia, excepto cuando aquellos expedientes sean declarados reservados por la Administración Pública.

Por lo que respecta a la Ley 2/2011, de 17 de marzo, código de buen gobierno de Navarra, ésta no hace mención a un régimen de infracciones ni disciplinario, simplemente se limita a establecer un código de buenas prácticas que va dirigido único y exclusivamente a los miembros del Gobierno de Navarra, altos cargos de la Administración Foral de Navarra y los representantes electos de las Entidades Locales.  

LA RIOJA

Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja. Esta ley fue publicada en el BOLR núm. 115 de 17 de septiembre de 2014 y BOE núm. 238 de 1 de Octubre de 2014, y está en vigor desde el 18 de Septiembre de 2014. No obstante su disposición final única, relativa a la entrada en vigor, establece que los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley dispondrán hasta el día 10 de diciembre de 2015 para adaptarse a las obligaciones de la presente ley.

Primero de todo cabe determinar los sujetos que estarán obligados al cumplimiento de esta ley. Para ello debemos acudir al artículo 2 de esta ley, donde como en el resto, el ámbito subjetivo abarca a todo aquello revestido con el manto público más los del apartado 3 de éste mismo artículo.

En cuanto a los sujetos obligados al suministro de información los encontramos recogidos en el artículo 5. Se trata de personas físicas o jurídicas distintas de las señaladas en el artículo 2 que presten servicios públicos, reciban fondos imputados a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja o ejerzan potestades administrativas. Al final del párrafo se añade a los adjudicatarios de contratos del sector público y a los beneficiarios de subvenciones como sujetos obligados a suministrar información, también.

A diferencia de otras leyes forales, la de La Rioja no impone obligaciones de publicidad activa a personas físicas o jurídicas que gestionen indirectamente servicios públicos, simplemente deberán suministrar información a la administración u organismo al que se encuentre vinculado el servicio.

Esta ley es la menos específica a la hora de tratar la gestión pública. Menciona una serie de principios a los que se deberá adecuar la actuación de la administración, entre ellos los siguientes:

§ Principio de transparencia

§ Principio de participación ciudadana

§ Principio de publicidad activa

§ Principio de orientación a la ciudadanía, hace referencia a que las actuaciones por parte de la Administraciones deben conducir a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y perseguir el interés general.

§ Principio de unidad de atención administrativa, establecer una especie de ventanilla única para sus relaciones con los ciudadanos.

§ Principio de accesibilidad.

No obstante, en su artículo 10 establece que deberá ser pública la información relativa a los actos de gestión administrativa que tenga repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación:

§ Todos los contratos formalizados, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para la celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento, la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente, serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. Respecto a los contratos menores periodicidad trimestral de su publicidad. También se hará referencia a la parte porcentual del presupuesto asignada a cada uno de los procedimientos de contratación.

§ La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo y duración, modificaciones realizadas, los obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto y duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.

§ Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios, entendiendo como tales las reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En su ámbito subjetivo, en su artículo 5, establece una serie de sujetos que estarán obligados a suministrar información. Entre ellos se incluyen a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato.

En cuanto a su régimen de infracciones y sancionador, no se encuentra recogido en esta ley por lo que habrá que remitirse a la legislación estatal básica.

CATALUNYA

Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

El pasado 18 de diciembre de 2014, el Pleno del Parlamento de Catalunya, aprobó la proposición de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ésta fue promulgada con fecha 29 de diciembre de 2014 y publicada en el DOGC núm. 6780, en fecha 31.12.2014, y en el BOE núm. 18 de 21 de enero de 2015. La disposición final cuarta relativa a la entrada en vigor de la ley, establece que la ley no entrará en vigor hasta 6 meses desde su publicación. No obstante, para la entrada en vigor del título II, relativo a la publicidad activa, habrá que esperar un año desde su publicación.

Esta ley catalana en materia de transparencia al igual que sus análogas forales, aspiran a mejorar la transparencia y aumentar el compromiso de regeneración democrática y devolver a los ciudadanos la confianza perdida respecto a las instituciones públicas.

Esta ley se compone de noventa y cinco artículos, nueve disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. Todo ello estructurado en nueve títulos.

Primero de todo, cabe determinar el ámbito subjetivo de esta ley. El artículo 3 incluye a toda forma que se encuentre revestida por el manto de lo público. Además centrándonos en materia de contratación pública, el apartado segundo establece que en los casos de personas físicas o jurídicas que ejerzan funciones públicas o potestades administrativas, que presten servicios públicos o que perciban fondos públicos para funcionar o para llevar a cabo sus actividades por cualquier título jurídico, y las personas físicas o jurídicas que realicen actividades calificadas legalmente como servicios de interés general o universal deberán suministrar información necesaria para que la administración pueda cumplir con sus obligaciones.

En materia de publicidad activa, la ley catalana prevé dentro del título II, capítulo III Transparencia en la gestión administrativa, en los artículos 13 a 15, la obligación de hacer pública la información relativa a la contratación pública, a los convenios de colaboración y a la actividad subvencional. Toda esta publicidad no sería posible sin la inclusión de la obligación, que se hace en el artículo 3.5, de suministrar información por parte de los adjudicatarios.

En cuanto a los contratos se señalan que serán objeto de las obligaciones de transparencia los menores y los patrimoniales. La información que debe constar de los mismos es la siguiente:

§ La información sobre las entidades y los órganos de contratación, con la indicación de su denominación exacta, el teléfono y las direcciones postales y electrónicas.

§ La información sobre las licitaciones en trámite, que debe comprender como mínimo el tipo de contrato, su objeto, el contenido económico, los pliegos de cláusulas administrativas y las condiciones de ejecución.

§ La información sobre los contratos programados.

§ Los contratos suscritos, con la indicación de su objeto, el importe de la licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para contratar y la identidad del adjudicatario, la duración, el número de licitadores, los criterios de adjudicación, el cuadro comparativo de ofertas y sus respectivas puntuaciones, así como los acuerdos e informes técnicos del proceso de contratación. Esta información debe estar actualizada y referirse, como mínimo, a los últimos cinco años.

§ Las modificaciones contractuales, las prórrogas de los contratos, las licitaciones anuladas y las resoluciones anticipadas.

§ Los datos del registro público de contratos y del registro oficial de licitadores y empresas clasificadas.

§ Los acuerdos y criterios interpretativos de los órganos consultivos de contratación.

§ Una relación anonimizada de las preguntas y respuestas más frecuentes en las consultas en materia de contratación.

§ Las resoluciones de los recursos especiales, de las cuestiones de nulidad y de las resoluciones judiciales definitivas en materia de contratación, así como los actos de desistimiento, renuncia y resolución de contratos.

La Administración pública debe dar publicidad de forma constante y actualizada a los datos estadísticos sobre los porcentajes y el volumen presupuestario de los contratos adjudicados de acuerdo con cada uno de los procedimientos establecidos por la legislación de contratos del sector público. También debe dar publicidad al volumen presupuestario contratado por los distintos adjudicatarios en los últimos cinco años.

En los contratos de gestión de servicios públicos y de concesión de obras públicas, deben hacerse públicos los siguientes datos para facilitar su conocimiento a los usuarios:

§ Las condiciones y obligaciones asumidas por los gestores con relación a la calidad, el acceso al servicio y los requisitos de prestación del servicio.

§ Los derechos y deberes de los usuarios.

§ Las facultades de inspección, control y sanción que puede ejercer la Administración con relación a la prestación del servicio.

§ El procedimiento para formular quejas o reclamaciones.

En cuanto a la transparencia en los convenios de colaboración, se aplicará a todos los convenios y encargos de gestión suscritos entre los sujetos obligados y las personas privadas y públicas. Esta relación acerca de los convenios deberá estar compuesta de la relación de los convenios vigentes, indicando fecha, partes firmantes, objeto, derechos y obligaciones de cualquier tipo que generen y periodo de vigencia; eventuales modificaciones de lo antes señalado; e información relativa al cumplimiento y la ejecución de los convenios.

Esta publicidad, sigue, deberá hacerse pública mediante el Registro de convenios de colaboración y cooperación de la Generalidad, que debe integrarse en el Portal de la Transparencia.

Por último, respecto a la transparencia en la actividad subvencional, deberá hacerse pública la siguiente información:

§ Una relación actualizada de las subvenciones y otras ayudas que los sujetos obligados tengan previsto convocar durante el ejercicio presupuestario, con la indicación de su objeto o finalidad y la descripción de las condiciones para ser beneficiario de ellas.

§ Los objetivos, a efectos de utilidad pública o social, que pretende alcanzar la subvención o la ayuda y los efectos que la medida de fomento puede producir en el mercado, en su caso.

§ Las subvenciones y ayudas públicas otorgadas, con la indicación de su importe, objeto y beneficiarios. Esta información debe incluir las subvenciones y ayudas, debe estar actualizada y debe referirse a los últimos cinco años. También debe incluir las subvenciones y ayudas otorgadas sin publicidad y concurrencia si estos requisitos se han exceptuado, en los casos establecidos legalmente. En el caso de subvenciones y ayudas públicas otorgadas por motivos de vulnerabilidad social, debe preservarse la identidad de los beneficiarios.

§ La información relativa al control financiero de las subvenciones y ayudas públicas otorgadas.

§ La justificación o rendición de cuentas por parte de los beneficiarios de la subvención o ayuda otorgada.

Cuando las subvenciones o ayudas públicas superen la cantidad de 10.000 € se añade la obligación al beneficiario de las mismas, de proporcionar información acerca de las retribuciones de sus órganos de dirección o administración, para poder hacerlas públicas.

Ya en sede de buen gobierno, Título V, el artículo 55 relativo a los principios de actuación, establece la obligación, por parte de las administraciones y los organismo que forman parte del ámbito de aplicación, de incluir en los pliegos de cláusulas contractuales los principios éticos y las reglas de conducta a los que deben adecuar su actividad los contratistas y las personas beneficiarias, y deben determinar los efectos de un eventual incumplimiento de dichos principios.

El artículo 59 dispone que la Administración pública debe garantizar que los servicios de su competencia se prestan en unas condiciones mínimas y razonables de calidad, y que debe incluir cartas de servicio en el marco regulador de los servicios públicos básicos. Esto supone que cuando se lleve a cabo una licitación de gestión indirecta de servicios que sean competencia de alguna administración, en los pliegos administrativos deberá establecerse la necesidad de una carta de servicio que recoja los estándares mínimos del servicio y también los derechos de los usuarios.

El Título VII de esta ley recoge el sistema de garantías para el cumplimiento de esta ley. Este Título VII en su Capítulo II, recoge un régimen sancionador. Su artículo 76 establece que en caso de incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos por esta ley por parte de las personas responsables, conlleva la aplicación del régimen sancionador que se encuentra regulado en este Capítulo II. 12

ISLAS BALEARES

Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Islas Baleares. Esta ley fue publicada en el BOIB núm. 53 de 9 de abril de 2011 y en el BOE núm. 103 de 30 de abril de 2011. Está vigente desde el 10 de abril de 2011.

La ley de transparencia de las Islas Baleares, hace referencia a la transparencia en la gestión pública, en el Título I, Capítulo II que comprende los artículos 18 a 22.

En primer lugar, se establece que en todos los procesos de gestión se actuará bajo el principio de transparencia y que se hará pública la información con los límites establecidos por la ley, y que esta transparencia se observará principalmente en la adjudicación y la ejecución de los contratos, en la firma de los convenios de colaboración, tanto los suscritos con otras administraciones públicas como con entidades privadas, y en la concesión de ayudas y subvenciones.

En cuanto a la contratación pública, los órganos de contratación deben tratar con igualdad y sin discriminación a los operadores económicos, y además, actuar con transparencia y con vigilancia del cumplimiento del TRLCSP y la normativa autonómica correspondiente.

Una vez adjudicado el contrato, dentro del Perfil del contratante, debe constar: licitadores, criterios de adjudicación y su ponderación, cuadro comparativo de las ofertas económicas, puntuación obtenida por cada oferta, adjudicatario, modificaciones del contrato adjudicado que representen un incremento igual o superior al 20% del precio inicial del contrato, la cesión del contrato y la subcontratación.

El apartado tercero del artículo 19, añade la obligación de publicidad en uno de los diarios de mayor difusión la información relativa a los licitadores, el cuadro comparativo las ofertas económicas y el adjudicatario, cuando sea obligatoria la publicación de la convocatoria en el boletín oficial correspondiente.

Este mismo artículo su apartado cuarto establece que deberá hacerse publicidad en el Perfil del contratante, de todos los contratos excepto los menores hasta 25.000€ (en contratos de obra) y hasta 9.000€ en el resto de contratos. Sobre este aspecto hay que tener en cuenta que el artículo 8.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de carácter básico de acuerdo con la disposición final octava, determina un ámbito mayor de exigencia al incluir a todos los contratos, independientemente de su importe, como sujetos a la obligación de publicidad activa. 13

En cuanto a la transparencia en la gestión de servicios públicos, establece un contenido mínimo en las cláusulas administrativas de dichos contratos en aras de garantizar a los usuarios, como mínimo, los siguientes derechos:

§ Presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio;

§ Obtener una copia sellada de todos los documentos que presenten en las oficinas de la concesionaria;

§ Utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en la comunidad autónoma en sus relaciones con el concesionario, representantes y trabajadores;

§ Acceder a la información que obre en poder de la concesionaria y sea necesaria para formular quejas o reclamaciones sobre la prestación del servicio;

§ A exigir a la administración el ejercicio de sus prerrogativas para resolver irregularidades en la prestación del servicio;

§ A ser tratadas de acuerdo con el principio de igualdad en el uso del servicio.

Respecto a los convenios de colaboración, se obliga a los órganos Administrativos de les Illes Balears y los entes del sector público instrumental a enviar al BOIB los primeros 20 días de cada cuatrimestre, siendo el primero enero, una relación de los convenios de colaboración suscritos en el cuatrimestre anterior, tanto si es con otra administración pública como con una entidad privada.

Los órganos de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y los entes del sector público instrumental autonómico, harán pública la información arriba señalada en su página web institucional.

Por último se obliga a motivar la utilización de la figura del convenio de colaboración y las razones que impidan otros instrumentos de relación con la Administración.

Por último, en cuanto a las ayudas y las subvenciones, cada órgano concedente de ayudas o subvenciones deberán publicar en la página web de la administración autonómica la información siguiente:

§ Información sobre las ayudas y subvenciones previstas para el ejercicio presupuestario;

§ Texto íntegro de la convocatoria de las ayudas o subvenciones;

§ Las concesiones de estas ayudas o subvenciones, dentro del mes siguiente a la notificación o la publicación, con indicación únicamente de la relación de los beneficiarios, el importe de las ayudas y la identificación de la normativa reguladora.

§ Las subvenciones concedidas sin promover la publicidad y la concurrencia.

Quedará exenta de publicidad la información los datos que vayan en contra la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal; la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de

mayo, de protección del derecho al honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen; datos protegidos por secreto comercial o industrial; o bien, por razones de seguridad e interés público.

EXTREMADURA

Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura. La ley de transparencia extremeña, fue publicada en el DOE núm. 99 de 24 de mayo de 2013 y BOE núm. 136 de 7 de Junio de 2013, y está vigente desde el 24 de Noviembre de 2013.

En materia de contratación pública, establece en su artículo 8, que los contratos públicos serán objeto de publicación en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadanas:

§ Contratos adjudicados, indicando objeto, importe de licitación y adjudicación, adjudicatario, modificaciones, prórrogas y variaciones de plazo o precio

§ Procedimientos que no conlleven publicidad en los diarios oficiales, cuando superen los 12.000€ para contratos de suministro y servicios y 30.000€ en los contratos de obras. Sobre este punto volvemos a citar la exigencia de publicación de todos los contratos, independientemente de su importe, establecido en el artículo 8.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de carácter básico. Deberán hacer público, el órgano de contratación, objeto del contrato, prescripciones técnicas, precio, licitadores, plazo de presentación de ofertas y plazo de formalización; criterios de adjudicación; cuadro comparativo de las ofertas económicas, propuestas técnicas y mejoras; puntuación por cada oferta; adjudicatario y sus solvencia técnica y económica; modificaciones del contrato que representen un incremento superior o igual al 10% del precio inicial de la licitación; y la cesión y subcontratación cuando proceda.

Respecto a los contratos de servicios y suministro cuya cuantía vaya de 6.000€ a 12.000€, y los contratos de obras que oscilen entre 6.000€ y 30.000€, deberá hacerse pública la información relativa a los licitadores, criterios de adjudicación, valoración y ofertas presentadas y el adjudicatario.

Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación sectorial.

En cuanto a la transparencia en la concesión de servicios, los prestadores de los mismos deberán proporcionar a los ciudadanos la información que les permita demandar la prestación de unos servicios de calidad y que recoja sus derechos.

Los adjudicatarios de servicios, estarán obligados a suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculados toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones previstas en esta ley.

Para ello, la Administración pública, recogerá en los pliegos de cláusulas administrativas las previsiones necesarias para garantizar los derechos de los usuarios. Entre ellos:

a) A obtener información sobre las condiciones de prestación del servicio público.

b) A presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio, que habrán de ser contestadas de forma motivada e individual.

c) A obtener copia sellada de todos los documentos que presenten en las oficinas de la concesionaria en relación con la prestación del servicio.

d) A exigir de la Administración el ejercicio de sus facultades de inspección, control y, en su caso, sanción para subsanar las irregularidades en la prestación del servicio.

e) A ser tratadas con respeto al principio de igualdad en el uso del servicio, sin que pueda existir discriminación, ni directa ni indirecta, por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Los convenios de colaboración deberán inscribirse en el Registro de Convenios a los 15 días de su firma y además publicarse en el DOE. En ellos constara información de las partes que firman el convenio, el objeto, plazo y condiciones de vigencia, lugar de publicación, y posibles modificaciones.

Estos datos recogidos en el Registro deberán ser de acceso público a través del Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana.

El artículo 11 aborda la transparencia de las subvenciones y ayudas. Se establece que la Administración autonómica deberá publicar en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana la siguiente información:

§ Relación actualizada de las ayudas o subvenciones que vayan a convocarse durante el ejercicio presupuestario, indicando importe, objetivos, y las condiciones a reunir por parte de los posibles beneficiarios.

§ Texto íntegro de la convocatoria de ayudas y subvenciones.

§ Las concesiones de dichas ayudas o subvenciones dentro de los quince días siguientes al de su notificación o publicación, con indicación únicamente de la relación de los beneficiarios, el importe de las ayudas y la identificación de la normativa reguladora.

§ Subvenciones concedidas fuera de los procedimientos de concurrencia competitiva

§ Esta publicidad también es exigible frente a:

§ Concesiones de créditos oficiales

§ Concesiones de ayudas en que la Administración asuma la obligación de satisfacer a la entidad prestamista todo o parte de los intereses.

§ Condonaciones de crédito

§ Cualquier otro acuerdo o resolución de los cuales resulte un efecto equivalente a la obtención de ayudas directas por parte del beneficiario

§ Aportaciones dinerarias realizadas por las administraciones públicas a favor de otras entidades u organismos

ANDALUCÍA

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Esta ley entrará en vigor al año de su publicación. Respecto a las entidades locales andaluzas, éstas dispondrán de dos años de vacatio legis para adaptarse a las obligaciones de la presente ley. Así lo establece la disposición adicional quinta.  Esta ley fue publicada en el BOJA núm. 124 de 30 de Junio de 2014 y BOE núm. 172 de 16 de Julio de 2014. Entrará en vigor el 30 de Junio de 2015.

Dentro del ámbito subjetivo, esta ley en su artículo 4 establece una obligación, a las personas jurídicas y físicas que presten servicios públicos o ejerzan funciones delegadas de control u otro tipo de funciones administrativas, de suministrar información a la Administración, organismo o entidad a las que se encuentren vinculadas. Esto siempre se llevará a cabo en un plazo de 15 días desde que sea requerida.

Sigue en su apartado segundo, que esta obligación se extiende a las personas adjudicatarias de contratos del sector público. Por lo tanto los pliegos de cláusulas administrativas particulares deben hacer referencia a esta obligación. Esta obligación se extiende también a las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas.

Sin necesidad de llegar al título relativo al régimen sancionador y disciplinario, el apartado cuarto de este mismo artículo 4, recoge la posibilidad de imposición de multas coercitivas en caso de no cumplir con la obligación de suministrar información. Sanción que puede consistir en multa de 100 a 1.000 € (esta sanción puede ser reiterada por periodos de quince días hasta su cumplimiento, sin que pueda exceder el 5% del importe del contrato, subvención o instrumento administrativo que habilite para el ejercicio de las funciones públicas o la prestación de los servicios). Si en dicho instrumento no figura la cuantía concreta, la multa no excederá de 3.000€.

Por último, su apartado quinto señala que los medios materiales y personales para el cumplimiento de las obligaciones de suministro de información serán valorados por la administración estableciendo las previsiones necesarias en los contratos públicos y en las bases reguladoras de las subvenciones. 17

A diferencia de los sujetos señalados en el artículo 4, el artículo 5 recoge otros sujetos obligados, empresas prestadoras de servicios públicos locales en régimen de gestión indirecta. Éstos deberán cumplir con las obligaciones de publicidad activa, determinadas reglamentariamente para poder hacer efectivo el principio de transparencia financiera y en la gestión de los servicios locales de interés general según se prevé en el artículo 27.8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, que tendrán el carácter de comunes y mínimas y podrán ser complementadas con otras por las entidades locales. Además, estas obligaciones de publicidad activa deberán constar en las ordenanzas reguladoras de la prestación del servicio público y los pliegos.

En cuanto a la información sobre los procedimientos, cartas de servicio y participación ciudadana, el artículo 14 establece en su letra b) que las administraciones públicas andaluzas publicarán información sobre los servicios públicos que gestiona la Comunidad Autónoma de Andalucía, informes sobre el grado de su cumplimiento y calidad de los servicios públicos, así como la información disponible que permita su valoración. Esto supone que en los pliegos en materia de contratación pública, en los servicios de gestión indirecta de servicios públicos, deberá recoger la obligación de hacer pública una carta de servicios y además señalar los derechos de los usuarios.

Seguidamente, el artículo 15 nos habla de la información sobre contratos, convenios y subvenciones. Este artículo establece que las entidades recogidas en el ámbito subjetivo de esta ley deberán hacer pública la información relativa a la gestión administrativa siguiente:

§ Todos los contratos, indicando objeto, duración, adjudicación, procedimiento, instrumentos de publicidad, número de licitadores participantes, identidad del adjudicatario, modificaciones o prórrogas, supuestos de resolución o de declaración de nulidad, revisiones, cesiones de contrato, desistimiento, renuncia y subcontrataciones cuando sea posible.

También se hará publicidad de los datos estadísticos en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.

En cuanto a los contratos menores, su publicidad podrá ser trimestral.

§ Convenios suscritos, indicando las partes firmantes, objeto, duración, modificaciones, personas obligadas a la realización de las prestaciones y las posibles obligaciones económicas convenidas.

§ También será objeto de publicidad las encomiendas de gestión que se firmen, indicando su objeto, presupuesto, obligaciones económicas, subcontrataciones que se realicen con mención de las personas adjudicatarias y procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.

§ Subvenciones y ayudas públicas concedidas indicando la convocatoria, resolución de la concesión, programa y crédito presupuestario, importe, finalidad y personas beneficiarias.

Respecto a los procedimientos de contratación, la disposición adicional séptima regula la Transparencia en los procedimientos negociados sin publicidad, impone la obligación de publicar un anuncio en el perfil del contratante, simultáneamente al envío de la solicitudes de las oferta, al objeto de facilitar la participación de otros posibles licitadores. Las ofertas que presenten los licitadores que no hayan sido invitados no podrán rechazarse exclusivamente por dicha circunstancia. Esto supone una auténtica desnaturalización del procedimiento negociado sin publicidad, para convertir estos procesos de facto en un negociado con publicidad.

El título V de esta ley de transparencia andaluza, establece un régimen sancionador. En el artículo 51 apartado b), señala como sujetos que pueden ser objeto de sanción, a las personas físicas o jurídicas que están obligadas a suministrar información. LA letra c), incluye como susceptibles de ser sancionados, a aquellas empresas que presten servicios públicos de manera indirecta.

El régimen de infracciones de las personas obligadas al suministro de información (las del artículo 4) se encuentra recogido en el artículo 53 y son las siguientes:

Ø Muy graves:

·  Incumplir la obligación de suministrar información requerida por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía o para dar cumplimiento a una resolución del mismo en materia de acceso.

·  Reincidencia en la comisión de faltas graves. Más de una infracción de la misma naturaleza, cuando haya sido declarada por resolución firme, en un mismo año.

Ø Graves:

·  Falta de contestación al requerimiento de información

·  Suministrar información incumpliendo el principio de veracidad establecido en el artículo 6. e).

·  Reincidencia comisión de faltas leves. En un mismo año, más de una infracción de la misma naturaleza declarada por resolución firme.

Ø Leves:

·  Retraso injustificado en el suministro de información

·  Suministrar parcialmente o condiciones distintas la información reclamada.

En cuanto a los sujetos del artículo 5, en especial atención, a los prestadores de servicios públicos, las infracciones se encuentran recogidas en el artículo 54: 19

Ø Muy graves: incumplir obligaciones de publicidad activa desatendiendo el requerimiento expreso del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Ø Grave: incumplimiento reiterado de obligaciones de publicidad activa

Ø Leve: incumplimiento de obligaciones de publicidad activa cuando no constituya infracción grave o muy grave.

En cuanto al régimen sancionador, las consecuencias de las infracciones recogidas en los artículos 53 y 54 (referente a sujetos obligados a suministro de información, y sujetos que realicen gestión indirecta de servicios públicos) son las siguientes:

§ Sanciones de amonestación y multa

§ Las infracciones leves podrán sancionarse con amonestación o multa entre 200 y 5.000€

§ Las infracciones graves se sancionarán con multa comprendida entre 5.001 y 30.000 €.

§ Las infracciones muy graves se sancionarán con multa comprendida entre 30.001 y 400.000 €.

Por último, las infracciones graves y muy graves podrán conllevar como sanción accesoria el reintegro total o parcial de la subvención concedida, resolución del contrato, concierto o vinculo establecido. Para determinar la imposición de graduación de estas sanciones accesorias, se atenderá a la gravedad de los hechos y su repercusión, de acuerdo con el principio de proporcionalidad.

En cuanto a la competencia sancionadora, el artículo 58 establece que para las infracciones de las personas obligadas al suministro de información, la competencia reside en el órgano que determine la normativa aplicable en la Administración o entidad a la que se encuentre vinculada la persona infractora. En lo que respecta a las infracciones del artículo 54, las cometidas por personas que llevan a cabo gestión indirecta de servicios públicos, la potestad sancionadora será ejercida por la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de la presidencia o por la entidad local titular del servicio público.

MURCIA

Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Esta ley fue publicada en el BORM núm. 290 de 18 de diciembre de 2014 y BOE núm. 8 de 9 de enero de 2015. La disposición final cuarta, relativa a la entrada en vigor de la presente ley, establece que el título II relativo a la transparencia en la actividad pública y el título V del régimen sancionador, no entrarán en vigor hasta los seis meses desde su publicación. El resto del texto normativo al día siguiente desde su publicación. 20

Dentro del ámbito subjetivo de esta ley, el artículo 6 establece que aquellas entidades que presten unos servicios sufragados a cargo de fondos públicos en materia de educación, deportes, sanidad y servicios sociales, deberán llevar a cabo la publicidad activa, como mínimo de la de la legislación básica estatal. Estas obligaciones deberán estar incluidos en los pliegos de contratación.

El artículo 7 hace referencia a otros sujetos que solo deberán suministrar información. Se trata de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, previo requerimiento de la misma y un plazo máximo de 15 días.

Esta obligación incluye a los adjudicatarios de contratos del sector público y a los beneficiarios de subvenciones.

Ante el incumplimiento de estas obligaciones de suministro de información, se podrán imponer multas coercitivas que podrán ser reiteradas por periodos de 15 días hasta su cumplimiento. Estas sanciones no podrán superar el 5% del importe del contrato, subvención o instrumento administrativo que habilite para el ejercicio de las funciones públicas o la prestación de servicios. Si no consta la cuantía en dicho instrumento la multa no excederá de 5.000 €.

Los medios personales y materiales para el cumplimiento de las obligaciones de suministro de información, serán un criterio a valorar en materia de contratación pública.

El artículo 17 de esta ley, en materia de contratación establece que deberá hacerse pública la siguiente información: objeto y tipo de contrato, importe, procedimiento para su celebración, instrumento de publicidad, número de licitadores, identidad adjudicatario, fecha formalización, fecha inicio de ejecución, duración, modificaciones y prórrogas, procedimientos desiertos, supuestos resolución o nulidad, desistimientos y renuncias, subcontrataciones, y datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público y el número de contratos adjudicados por cada uno de los procedimientos.

En cuanto a los obligados por el artículo 6, deberán hacer pública la información sobre los contratos celebrados con entidades e instituciones del ámbito subjetivo de esta ley.

En materia de convenios, deberá hacerse pública la información relativa a las partes firmantes, objeto y plazo de duración, modificaciones y prórrogas, y las prestaciones a que se obliguen las partes.

En materia de concesión de servicios públicos, la Administración Pública recogerá en los pliegos de cláusulas administrativas las previsiones necesarias para garantizar ciertos derechos a las personas usuarias.  

Por lo que respecta a las subvenciones, el artículo 18 hace mención acerca de la publicidad de las mismas, indicando objeto, duración, presupuesto, beneficiarios y órgano concedente.

El título V del Régimen sancionador, Capítulo III, recoge en su artículo 46 como personas responsables a los sujetos obligados a suministrar información del artículo 7 y a los otros sujetos obligados del artículo 6.

En cuanto a las sanciones de los obligados al suministro de información (los del artículo 7):

Ø Muy graves:

·  Incumplimiento de la obligación de suministro de información que haya sido requerida por el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia o para dar cumplimiento a una resolución del mismo en materia de acceso.

·  La reincidencia en la comisión de faltas leves.

Ø Graves:

·  Falta de contestación a un requerimiento de información

·  Suministro de información incumpliendo el principio de veracidad, de acuerdo con el artículo 3. c).

·  Reincidencia en la comisión de faltas graves.

Ø Leves:

·  Retraso injustificado en el suministro de la información.

·  Suministro parcial o en condiciones distintas de las reclamadas.

Por reincidencia se entenderá la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando haya sido declarado por resolución firme.

En cuanto a las entidades del artículo 6, las sanciones que les corresponden son las siguientes:

§ Muy graves: incumplir obligaciones de publicidad activa previo requerimiento expreso del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia

§ Graves: incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa que sean de aplicación o publicar información incumpliendo el principio de veracidad.

§ Leves: incumplimiento de obligaciones de publicidad activa que sea de aplicación cuando no constituya infracción grave o muy grave.

En cuanto a las sanciones, tanto para los sujetos del artículo 6 como los del artículo 7, son las siguientes:

§ Para las leves, amonestación o multa por importe de entre 200 a 5.000 €.

§ Para las graves, multa de 5.001 a 30.000 €.

§ Para las muy graves, multa por importe de entre 30.001 a 400.000 €.  

Las infracciones graves y muy graves, podrán acarrear una sanción accesoria como el reintegro total o parcial de subvenciones concedidas, resolución del contrato, concierto o vínculo establecido.

En cuanto a la competencia sancionadora respecto a los sujetos del artículo 6.2, la ostentará el consejero competente en los ámbitos de actuación señalados.

ISLAS CANARIAS

Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

La Ley de transparencia de las Islas Canarias, fue publicada en el BOC núm. 5 de 9 de Enero de 2015 y BOE núm. 32 de 06 de Febrero de 2015. Esta ley está vigente desde el 10 de Enero de 2015. La disposición final tercera relativa a la entrada en vigor de la presente ley, establece que el título II relativo a la publicidad de la información entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el BOC.

Como en todas ellas, dentro de su ámbito subjetivo además de incluir una serie de sujetos entre ellos todo aquel sujeto que este impregnado de lo público, en su artículo 4 se incluye a personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas. Sin embargo, el precepto de este artículo ya señala el límite de la transparencia para estos sujetos que solo deberán suministrar información al resto de sujetos que sí que están obligados a la publicidad activa.

Este suministro de información deberá llevarse a cabo en un plazo de 10 días desde el requerimiento por parte de la Administración o sujetos obligados por la publicidad activa.

En su apartado segundo del mismo artículo 4, se señala que la obligación de suministro de información por parte de los adjudicatarios, deberá estar regulada en los pliegos contractuales.

Todo seguido, su apartado tercero señala que en los pliegos contractuales de las licitaciones públicas, donde la obligación de suministro de la información sea preceptiva, deberá establecerse la forma en que la información debe ponerse a disposición de la Administración, organismo o entidad adjudicataria.

Aquí nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Qué licitaciones quedan afectadas por esta obligación?

Ya en sede de contratación pública, es destacable la matización específica que se hace en materia de obras públicas, no tratándolo conjuntamente con otra tipología contractual como pudiera ser los contratos de suministro o los de gestión indirecta de servicios.

Establece que se hará pública la información siguiente de las obras públicas financiadas, total o parcialmente, por la Administración, organismos o entidades dependientes de la misma:

·  Presupuesto, pliegos y criterios de adjudicación

·  Número de empresas que han concurrido a la licitación

·  Empresa o empresas adjudicatarias

Además deberá publicarse la información actualizada, hasta la puesta al uso o servicio público, de las obras públicas que estén en fase de ejecución como:

a) Denominación y descripción de la obra.

b) Importe de su ejecución, diferenciando el presupuesto inicial de cada una de las revisiones posteriores, sean por modificaciones de la obra o por revisión de precios.

c) Administraciones, organismos o entidades que la financian, incluyendo el importe que les corresponde.

d) Persona o entidad adjudicataria de la ejecución material.

e) Fecha de inicio y conclusión, así como, en su caso, las prórrogas o ampliaciones del plazo de ejecución que se hayan concedido.

f) Penalizaciones impuestas por incumplimientos del contratista.

g) Administración titular de la obra ejecutada y, en su caso, del mantenimiento posterior de la misma.

En su artículo 28 se habla de la información de los contratos públicos, en donde los órganos de contratación (Administración, organismo y entidades vinculadas o dependientes) deberán publicar la siguiente información:

a) Información general de las entidades y órganos de contratación

b) Información sobre los contratos programados, los contratos adjudicados, las licitaciones anuladas y cualquier otra que se considere necesaria o conveniente para la adecuada gestión de la contratación.

c) Información sobre las licitaciones en curso, con acceso a la totalidad de las condiciones de ejecución del contrato y, en su caso, la restante documentación complementaria.

d) La composición y convocatorias de las mesas de contratación.

e) La información sobre las preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los contratos.

Respecto los contratos formalizados, y sin perjuicio de la información que deba hacerse pública en el perfil del contratante y de la que ha de inscribirse en el Registro de Contratos del Sector Público, deberá publicarse y mantener actualizada la información siguiente:

a) Los contratos formalizados, con indicación del objeto, la duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado, los instrumentos a través de los que en su caso se haya publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de los adjudicatarios.

b) Los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.

c) El número de contratos menores formalizados, trimestralmente, especificando el importe global de los mismos y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de los contratos formalizados.

d) Las modificaciones de los contratos formalizados, así como las prórrogas y variaciones del plazo de duración o ejecución.

e) Las penalidades impuestas, en su caso, por incumplimiento de los contratistas.

f) La relación de contratos resueltos. Específicamente, se harán públicas las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.

En cuanto a los convenios y encomiendas de gestión, esto se aborda en el artículo 29. Este artículo establece que deberá hacerse pública los convenios celebrados por la Administración con otras administraciones públicas, y otros sujetos públicos o privados. Esta información deberá contener como mínimo:

·  Partes firmantes

·  Objeto, indicando las actuaciones o actividades comprometidas y los órganos o unidades encargados de la ejecución de las mismas

·  Financiación, indicando las cantidades que corresponden a cada una de las partes firmantes

·  Plazo y condiciones de vigencia

·  Objeto y fecha de las distintas modificaciones realizadas durante su vigencia

·  Boletín oficial en que fue publicado y el registro en el que está inscrito.

Se añade la obligación de publicar todos los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma, y además éstos deberán inscribirse en el registro de convenios.

Por lo que respecta a las encomiendas de gestión, deberá hacerse pública la información siguiente y mantenerla actualizada:

a) Entidad a la que se realiza la encomienda

b) Número y categorías de las personas

c) Medios materiales que la entidad encomendante haya acordado poner a disposición de la encomendad para la realización del trabajo.

d) Los motivos que justifican que no se presten los servicios con los medios personales con que cuenta el órgano o entidad encomendante.

e) Objeto y presupuesto de la encomienda

f) Tarifas o precios fijados

g) Modificaciones y revisiones del presupuesto y los precios

h) Subcontrataciones efectuadas en su caso, indicando el procedimiento para ello, la persona o entidad adjudicataria y el importa de adjudicación

Respecto a la concesión de servicios públicos, se le añaden las obligaciones establecidas para los contratos de obra, y además se incluyen las siguientes:

a) Servicio público objeto de la concesión administrativa

b) Identificación del concesionario

c) Plazo de la concesión, régimen de financiación y condiciones de prestación del servicio.

Por último, respecto a la información relativa a las ayudas y subvenciones, la ley establece que se hará pública y se mantendrá actualizada la información siguiente:

§ Planes estratégicos de ayudas y subvenciones, además de su publicación en el BOC en los veinte días siguientes a su aprobación.

§ Relación de las líneas de ayudas y subvenciones que tenga previsto convocar durante el ejercicio presupuestario y las concedidas, indicando el importe, objetivo y la descripción de los posibles beneficiarios. Además la relación de subvenciones concedidas sin promover la concurrencia publicándolas trimestralmente en el BOC dentro del mes siguiente a la finalización del trimestre y justificando la no existencia de convocatoria pública.

Frente a estas obligaciones, la pregunta lógica que nos planteamos es acerca de la reprimenda ante la falta de suministro de publicidad a la que obliga a determinados sujetos. Pues bien, el Capítulo V: INFRACCIONES Y SANCIONES aborda esta cuestión. El artículo 67 establece que ante el incumplimiento de las obligaciones de esta ley se prevén una serie de sanciones.

En nuestro caso, en materia de contratación pública estaríamos analizando el alcance de la responsabilidad de los sujetos obligados del artículo 4.

El artículo 69 en su letra B) establece para los sujetos del artículo 4 una serie de infracciones administrativas clasificándolas en tres categorías atendiendo a la gravedad de las mismas:

Ø Muy graves:

a. Incumplimiento más de tres veces durante dos años de la obligación de suministro de información que haya sido reclamada como consecuencia de un requerimiento del comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública o para dar cumplimiento a una resolución del mismo en materia de acceso.

b. La reincidencia en la comisión de faltas graves. Reincidencia que se dará si durante un año se comete la misma infracción y ha sido declara como tal por resolución firme.

A estas infracciones les corresponde una multa que oscila entre los 30.001 y 300.000€. Además esta sanción puede llevar aparejada la obligación de reintegrar el total o parte de las subvenciones o ayudas públicas concedidas. Esto se hará atendiendo al principio de proporcionalidad según los hechos y su gravedad.

Ø Graves:

a. Falta de contestación al requerimiento de información

b. Suministro de información eludiendo el principio de veracidad

c. Reincidencia en la comisión de faltas leves, en los mismos términos arriba señalados. 27

La comisión de estas infracciones serán sancionadas con multa comprendida entre los 5.001€ y 30.000€. Además esta sanción puede llevar aparejada la obligación de reintegrar el total o parte de las subvenciones o ayudas públicas concedidas. Esto se hará atendiendo al principio de proporcionalidad según los hechos y su gravedad.

Ø Leves:

a. Retrasar el suministro de información sin justificación alguna

b. Suministro de la información parcialmente o en condiciones distintas a las reclamadas.

Estas infracciones serán sancionadas con amonestación o multa que oscila entre los 200 y 5.000€.

En cuanto al procedimiento a seguir para el ejercicio de la potestad sancionadora, establece el artículo 70.3 que se ajustará a lo establecido por la legislación básica de procedimiento administrativo, es decir la Ley 30/92.

Por lo que respecta al órgano competente para la iniciación de los procedimientos sancionadores, el artículo 71.2 establece que:

§ Cuando el responsable sean sujetos comprendidos en el artículo 3, lo será el titular del departamento que haya otorgado la subvención o ayuda pública, o el competente en la materia a la que se refiera el concierto. En el caso de varias subvenciones, se hará cargo el departamento que haya otorgado la mayor cuantía.

§ Cuando el responsable sean los sujetos del artículo 4, lo será el órgano que tenga atribuidas las competencias del servicio o de la materia al que deba suministrar la información.

A la fecha de redacción del presente documento, respecto a la elaboración de las leyes de transparencia en el resto de comunidades autónomas, la situación es la siguiente:

ASTURIAS: Proyecto de ley

CANTABRIA: -----

PAIS VASCO: proyecto de ley 28

CASTILLA Y LEÓN: Proyecto de Ley

MADRID: -----

CASTILLA LA MANCHA: Anteproyecto de Ley.

COMUNIDAD VALENCIANA: Proyecto de ley de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana.

ARAGÓN: Proyecto de Ley

Barcelona, 17 de febrero de 2015


Estudio parcial de la Ley de segunda oportunidad

Escrito por MadariagaAssessors 11-03-2015 en segunda oportunidad. Comentarios (0)

Estudio parcial sobre el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social

En el presente estudio, pasaremos a analizar el seguido de modificaciones establecidas por el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, centrándonos en las siguientes modificaciones:

-  En materia tributaria;

-  Aquellas que afectan a la contratación laboral;

-  Aquellas que afectan a los trabajadores profesionales o autónomos;

-  Aquellas que afectan al acceso a la justicia;

-  Aquellas que afectan a las entidades sin ánimo de lucro y las asociaciones

Como se desprende de uno de sus párrafos de la exposición de motivos, la finalidad de esta norma es permitir que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.

Acto seguido, nos explica en que ámbitos incidirá para hacer posible esta llamada “segunda oportunidad”.

Este Real decreto-ley se compone por once artículos agrupados en dos títulos, seis disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y tres disposiciones finales.

El título I, rubricado “Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera”. Contiene tres artículos que modifican las siguientes leyes:

a)  Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal;

b)  Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recurso;

c)  Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social

El título II, “Otras medidas de orden social” se divide en tres capítulos:

Capítulo I, compuesto por cuatro artículos relativos al ámbito tributario y de las Administraciones Públicas, modifican los siguientes cuerpos normativos:

d)  Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio;

e)  Ley 7/2007, de 12 de abril, del EBEP;

f)  Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad;

g)  Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Capítulo II, contiene tres artículos relativos al fomento del empleo en el ámbito de la Seguridad Social: el primero establece un incentivo para la creación de empleo, como es un mínimo exento en la cotización empresarial por contingencias comunes para la contratación indefinida de trabajadores; por otro lado, el segundo regula los requisitos para ser beneficiarios de subsidios de desempleos por parte de los trabajadores eventuales agrarios de determinadas provincias solo se exigirán 20 jornadas reales cotizadas; y por último, uno referido a los autónomos que deban atender a obligaciones familiares que puedan influir en su actividad también gozaran de ciertos beneficios.

Por último, el Capítulo III, “Medidas relativas al ámbito de la Administración de Justicia, su único artículo modifica la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, adecuando el régimen de tasas a los sujetos obligados al pago de la misma.

Abordada parcialmente la exposición de motivos y sin entrar a analizar el resto, pasaremos al articulado del Título II.


MODIFICACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA

Por lo que respecta al Título II: otras medidas de orden social; Capítulo I: Medidas en el ámbito tributario y de las Administraciones Públicas., el artículo 4 modifica artículos de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, con efectos desde 1 enero de 2015.

Se modifica el artículo 81 bis, en sus apartados 1 y 2.

«1. Los contribuyentes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad podrán minorar la cuota diferencial del impuesto en las siguientes deducciones:

a) Por cada descendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes previsto en el artículo 58 de esta Ley, hasta 1.200 euros anuales.

b) Por cada ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes previsto en el artículo 59 de esta Ley, hasta 1.200 euros anuales.

c) Por ser un ascendiente, o un hermano huérfano de padre y madre, que forme parte de una familia numerosa conforme a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, o por ser un ascendiente separado legalmente, o sin vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos y por los que tenga derecho a la totalidad del mínimo previsto en el artículo 58 de esta Ley, hasta 1.200 euros anuales.

En caso de familias numerosas de categoría especial, esta deducción se incrementará en un 100 por ciento. Este incremento no se tendrá en cuenta a efectos del límite a que se refiere el apartado 2 de este artículo.

Asimismo podrán minorar la cuota diferencial del impuesto en las deducciones previstas anteriormente los contribuyentes que perciban prestaciones contributivas y asistenciales del sistema de protección del desempleo, pensiones abonadas por el Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como los contribuyentes que perciban prestaciones análogas a las anteriores reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones por situaciones idénticas a las previstas para la correspondiente pensión de la Seguridad Social.

Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de alguna de las anteriores deducciones respecto de un mismo descendiente, ascendiente o familia numerosa, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.

2. Las deducciones se calcularán de forma proporcional al número de meses en que se cumplan de forma simultánea los requisitos previstos en el apartado 1 anterior, y tendrán como límite para cada una de las deducciones, en el caso de los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo del apartado 1 anterior, las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y Mutualidades devengadas en cada período impositivo. No obstante, si tuviera derecho a la deducción prevista en las letras a) o b) del apartado anterior respecto de varios ascendientes o descendientes con discapacidad, el citado límite se aplicará de forma independiente respecto de cada uno de ellos.

A efectos del cálculo de este límite se computarán las cotizaciones y cuotas por sus importes íntegros, sin tomar en consideración las bonificaciones que pudieran corresponder. »

Por último, se añade una disposición adicional cuadragésimo segunda y tercera que queda de la siguiente manera:

«Disposición adicional cuadragésima segunda. Procedimiento para que los contribuyentes que perciben determinadas prestaciones apliquen las deducciones previstas en el artículo 81 bis y se les abonen de forma anticipada.

1. Los contribuyentes que perciban las prestaciones a que se refiere el sexto párrafo del apartado 1 del artículo 81 bis de esta Ley podrán practicar las deducciones reguladas en dicho apartado y percibirlas de forma anticipada en los términos previstos en el artículo 60 bis del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con las siguientes especialidades:

a) A efectos del cómputo del número de meses para el cálculo del importe de la deducción, el requisito de percibir las citadas prestaciones se entenderá cumplido cuando tales prestaciones se perciban en cualquier día del mes, y no será aplicable el requisito de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad.

b) Los contribuyentes con derecho a la aplicación de estas deducciones podrán solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria su abono de forma anticipada por cada uno de los meses en que se perciban tales prestaciones.

c) No resultará de aplicación el límite previsto en el apartado 1 del artículo 60 bis del Reglamento del Impuesto ni, en el caso de que se hubiera cedido a su favor el derecho a la deducción, lo dispuesto en la letra c) del apartado 5 del artículo 60 bis del Reglamento del Impuesto.

2. El Servicio Público de Empleo Estatal, la Seguridad Social, y las mutualidades de previsión social alternativas a las de la Seguridad Social y cualquier otro organismo que abonen las prestaciones y pensiones a que se refiere el sexto párrafo del apartado 1 del artículo 81 bis de esta Ley, estarán obligados a suministrar por vía electrónica a la Agencia Estatal de Administración Tributaria durante los diez primeros días de cada mes los datos de las personas a las que hayan satisfecho las citadas prestaciones o pensiones durante el mes anterior.

El formato y contenido de la información serán los que, en cada momento, consten en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet.

3. Lo establecido en el apartado 1 de esta disposición adicional, así como el plazo, contenido y formato de la declaración informativa a que se refiere el apartado 2 de esta disposición adicional, podrá ser modificado reglamentariamente.»

Se añade una nueva disposición adicional cuadragésima tercera, que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición adicional cuadragésima tercera. Exención de rentas obtenidas por el deudor en procedimientos concursales.

Estarán exentas de este Impuesto las rentas obtenidas por los deudores que se pongan de manifiesto como consecuencia de quitas y daciones en pago de deudas, establecidas en un convenio aprobado judicialmente conforme al procedimiento fijado en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en un acuerdo de refinanciación judicialmente homologado a que se refiere el artículo 71 bis y la disposición adicional cuarta de dicha ley, en un acuerdo extrajudicial de pagos a que se refiere el Título X o como consecuencia de exoneraciones del pasivo insatisfecho a que se refiere el artículo 178 bis de la misma Ley, siempre que las deudas no deriven del ejercicio de actividades económicas.»


MODIFICACIONES QUE AFECTAN A LA CONTRATACIÓN LABORAL

Dentro del Capítulo II: medidas relativas al fomento del empleo indefinido, el empleo autónomo  y la protección social agraria.

El artículo 8, establece un mínimo exento de cotización a la Seguridad Social para favorecer el empleo indefinido. ¿Cómo lo hace?

Pues, en los supuestos de contratación indefinida, sin atender a la modalidad, se reducirá la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes de la siguiente manera:

a) contratación a tiempo completo à primeros 500€ de la base de cotización por contingencias comunes de cada mes, quedan exentos de la aplicación del tipo de cotización en la parte correspondiente a la empresa. Al resto del importe de dicha base le resulta aplicable el tipo de cotización vigente en cada momento.

b) si la contratación es a tiempo parcial, mínimo 50% de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable, la cuantía señalada en la letra a) se reducirá de forma proporcional al porcentaje de reducción de jornada de cada contrato.

2. Este beneficio en la cotización se dará cuando se contraten indefinidamente trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que cumplan los requisitos siguientes:

a)  Inscripción e inclusión en la lista única de demanda

b)  No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores al momento de recibir la actuación.

c)  No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los noventa días naturales anteriores al momento de recibir la actuación.

d)  No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los treinta días naturales anteriores al momento de recibir la actuación.

Para el resto de trabajadores, solo les corresponde una reducción.

3. El beneficio de la cotización durará como máximo 24 meses para los contratos celebrados entre la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley y el 31 de agosto de 2016. A partir de estos 24 meses, los próximos 12 meses solo estarán exentos de la aplicación del tipo de cotización los primeros 250 € de la base de cotización o la cuantía proporcionalmente reducida, en los casos de contratación a tiempo parcial.

4. Para que todo lo arriba expuesto sea posible será necesario que el beneficiario:

a)  Se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de SS, tanto en la fecha de efectos de alta como durante la aplicación del beneficio.

b)  No haber extinguido contratos de trabajo, bien por causas objetivas o por despidos disciplinarios que hayan sido declarados judicialmente improcedentes, bien por despidos colectivos que hayan sido declarados no ajustados a Derecho, en los seis meses anteriores a la celebración de los contratos que dan derecho al beneficio previsto. Por cada extinción producida, se excluye el mismo número de derechos a la bonificación o reducción.

c)  Celebrar contratos indefinidos que supongan un incremento tanto del nivel de empleo indefinido como del nivel de empleo total de la empresa. Se tendrá en cuenta el promedio diario de trabajadores que hayan prestado servicios en la empresa en los treinta días anteriores a la celebración del contrato.

d)  Mantener durante un periodo de 36 meses, a contar desde la fecha de efectos del contrato indefinido con bonificación o reducción, tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo total alcanzado al menos con dicha contratación. Este nivel de empleo se examinará anualmente, y se utilizará el promedio de trabajadores indefinidos y el promedio de trabajadores totales del mes en que proceda examinar el cumplimiento de este requisito.

A efectos de examinar el nivel de empleo y su mantenimiento en la empresa, no se tendrán en cuenta las extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinarios que no hayan sido declarados improcedentes, los despidos colectivos que no hayan sido declarados no ajustados a Derecho, así como las extinciones causadas por dimisión, muerte o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante el periodo de prueba.

e)  No haber sido excluidas del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo por infracción grave del art. 22.2 o las muy graves de los artículos 16 y 23 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre infracciones y Sanciones en el Orden Social.

5. Este beneficio en la cotización no se aplicará cuando:

a)  Se trate de relaciones laborales de carácter especial previsto en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, o en otras disposiciones legales.

b)  Contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades o de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se produzcan con estos últimos.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior la contratación de los hijos que reúnan las condiciones previstas en la disposición adicional décima de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

c)  Contratación de trabajadores cuya actividad determine su inclusión en cualquiera de los sistemas especiales establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social.

d)  Contratación de empleados que excepcionalmente pueda tener lugar por oferta de empleo público.

e)  Contratación de trabajadores que hubiesen estado contratados en otras empresas del grupo de empresas del que formen parte y cuyos contratos se hubieran extinguido por causas objetivas o por despidos disciplinarios que hayan sido unos u otros declarados judicialmente como improcedentes, o por despidos colectivos que hayan sido declarados no ajustados a Derecho, en los seis meses anteriores a la celebración de los contratos que dan derecho a la reducción.

f)  Contratación de trabajadores que en los seis meses anteriores a la fecha del contrato hubiesen prestado servicios en la misma empresa o entidad mediante un contrato indefinido.

El beneficio tampoco resultará aplicable a la cotización por horas complementarias que realicen los trabajadores a tiempo parcial cuyos contratos den derecho al mismo.

6. La aplicación de la bonificación o reducción a que se refiere este artículo no afectará a la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas a que puedan causar derecho los trabajadores afectados, que se calculará aplicando el importe íntegro de la base de cotización que les corresponda.

7. La aplicación del beneficio previsto en este artículo será incompatible con la de cualquier otro beneficio en la cotización a la Seguridad Social por el mismo contrato, con independencia de los conceptos a los que tales beneficios pudieran afectar, con las siguientes excepciones:

a) En el caso de que el contrato indefinido se formalice con personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, será compatible con la bonificación establecida en el artículo 107 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

b) En el caso de que el contrato indefinido se formalice con personas beneficiarias del Programa de Activación para el Empleo, será compatible con la ayuda económica de acompañamiento que aquellas perciban, en los términos previstos en el artículo 8 del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo.

8. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación en el supuesto de personas que se incorporen como socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, siempre que estas hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena, así como a los que se incorporen como socios trabajadores de las sociedades laborales.

9. La aplicación de este beneficio en la cotización será objeto de control y revisión por el Servicio Público de Empleo Estatal, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el ejercicio de las funciones que respectivamente tienen atribuidas.

10. En los supuestos de aplicación indebida del respectivo beneficio, por incumplir las condiciones establecidas en este artículo, procederá el reintegro de las cantidades dejadas de ingresar con el recargo y el interés de demora correspondientes, conforme a lo establecido en la normativa recaudatoria de la Seguridad Social.

En caso de incumplimiento del requisito previsto en el apartado 4.d), quedará sin efecto la bonificación o reducción y se deberá proceder al reintegro de la diferencia entre los importes correspondientes a las aportaciones empresariales a la cotización por contingencias comunes que hubieran procedido en caso de no aplicarse aquella y las aportaciones ya realizadas, en los siguientes términos:

1. º Si el incumplimiento de la exigencia del mantenimiento del nivel de empleo se produce desde la fecha de inicio de la aplicación del respectivo beneficio hasta el mes 12, corresponderá reintegrar el 100 por 100 de la citada diferencia.

2. º Si el incumplimiento se produce desde el mes 13 y hasta el mes 24, corresponderá reintegrar la citada diferencia por los meses que hayan transcurrido desde el mes 13.

3. º Si el incumplimiento se produce desde el mes 25 y hasta el mes 36, corresponderá reintegrar la citada diferencia por los meses que hayan transcurrido desde el mes 25.

En los supuestos de reintegro por incumplimiento del requisito previsto en el apartado 4.d), que se llevarán a cabo conforme a lo establecido en la normativa recaudatoria de la Seguridad Social, no procederá exigir recargo e interés de demora.

La obligación de reintegro prevista en este apartado se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

11. La bonificación se financiará con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal, y será objeto de cofinanciación con cargo al Fondo Social Europeo cuando cumpla con los requisitos establecidos, y la reducción se financiará por el presupuesto de ingresos de la Seguridad Social.


MODIFICACIONES QUE AFECTAN A LOS TRABAJADORES PROFESIONALES O AUTÓNOMOS

En cuanto al artículo 9 de esta Ley, modifica la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo, añadiendo un nuevo artículo, el 30, que dice así:

«Artículo 30. Bonificación a trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación.

1. Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos tendrán derecho, por un plazo de hasta doce meses, a una bonificación del 100 % de la cuota de autónomos por contingencias comunes, que resulte de aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los doce meses anteriores a la fecha en la que se acoja a esta medida el tipo de cotización mínimo de cotización vigente en cada momento establecido en el citado Régimen Especial en los siguientes supuestos:

a) Por cuidado de menores de 7 años que tengan a su cargo.

b) Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, en situación de dependencia, debidamente acreditada.

En el caso de que el trabajador lleve menos de 12 meses de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, la base media de cotización se calculará desde la fecha de alta.

2. La aplicación de la bonificación recogida en el apartado anterior estará condicionada a la permanencia en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y a la contratación de un trabajador, a tiempo completo o parcial, que deberá mantenerse durante todo el periodo de su disfrute. En todo caso, la duración del contrato deberá ser, al menos, de 3 meses desde la fecha de inicio del disfrute de la bonificación.

Cuando se extinga la relación laboral, incluso durante el periodo inicial de 3 meses, el trabajador autónomo podrá beneficiarse de la bonificación si contrata a otro trabajador por cuenta ajena en el plazo máximo de 30 días.

El contrato a tiempo parcial no podrá celebrarse por una jornada laboral inferior al 50 por ciento de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable. Si la contratación es a tiempo parcial, la bonificación prevista en el apartado 1 de este artículo será del 50 por 100.

3. En caso de incumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, el trabajador autónomo estará obligado a reintegrar el importe de la bonificación disfrutada.

No procederá el reintegro de la bonificación cuando la extinción esté motivada por causas objetivas o por despido disciplinario cuando una u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni en los supuestos de extinción causada por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador o por resolución durante el periodo de prueba.

Cuando proceda el reintegro, este quedará limitado exclusivamente a la parte de la bonificación disfrutada que estuviera vinculada al contrato cuya extinción se hubiera producido en supuestos distintos a los previstos en el párrafo anterior.

En caso de no mantenerse en el empleo al trabajador contratado durante, al menos, 3 meses desde la fecha de inicio del disfrute de la bonificación, el trabajador autónomo estará obligado a reintegrar el importe de la bonificación disfrutada, salvo que, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, se proceda a contratar a otra persona en el plazo de 30 días.

En caso de que el menor que dio lugar a la bonificación prevista en este artículo alcanzase la edad de 7 años con anterioridad a la finalización del disfrute de la bonificación, esta se podrá mantener hasta alcanzar el periodo máximo de 12 meses previsto, siempre que se cumplan el resto de condiciones.

En todo caso, el trabajador autónomo que se beneficie de la bonificación prevista en este artículo deberá mantenerse en alta en la Seguridad Social durante los seis meses siguientes al vencimiento del plazo de disfrute de la misma. En caso contrario el trabajador autónomo estará obligado a reintegrar el importe de la bonificación disfrutada.

4. Solo tendrán derecho a la bonificación los trabajadores por cuenta propia que carezcan de trabajadores asalariados en la fecha de inicio de la aplicación de la bonificación y durante los doce meses anteriores a la misma. No se tomará en consideración a los efectos anteriores al trabajador contratado mediante contrato de interinidad para la sustitución del trabajador autónomo durante los periodos de descanso por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento tanto pre adoptivo como permanente o simple, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.

5. Los beneficiarios de la bonificación tendrán derecho a su disfrute una vez por cada uno de los sujetos causantes a su cargo señalados en el apartado 1, siempre que se cumplan el resto de requisitos previstos en el presente artículo.

6. La medida prevista en este artículo será compatible con el resto de incentivos a la contratación por cuenta ajena, conforme a la normativa vigente.

7. En lo no previsto expresamente, las contrataciones realizadas al amparo de lo establecido en este artículo se regirán por lo dispuesto en el artículo 15.1.c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo.»


MODIFICACIONES QUE AFECTAN AL ACCESO A LA JUSTICIA

Por último, nos centraremos en el Capítulo III: Medidas en el ámbito de la Administración de Justicia, comprendido dentro del Título II.

El artículo 11 de esta ley, modifica la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

«Artículo 4. Exenciones de la tasa.

1. Las exenciones objetivas de la tasa están constituidas por:

a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.

b) La solicitud de concurso voluntario por el deudor.

c) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

d) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

e) La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo

f) Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.

g) Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía.

Por lo tanto vemos como la exención por interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores queda derogada.

2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:

a) Las personas físicas.

b) Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.

c) El Ministerio Fiscal.

d) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.

e) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.»

Aquí la gran novedad que se puede observar, es la exención a toda persona física, sin tener que habérsele reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Quedan suprimidos los apartados tercero y cuarto referente a los trabajadores por cuenta ajena o autónomos que se dirijan al orden social  y a los funcionarios públicos que se dirijan al contencioso-administrativo, que gozaban de una exención del 60% sin razón de ser con la exención actual de toda persona física.

Se suprime el apartado 2 del artículo 6, que determinaba en 18.000€ la cuantía a los efectos de establecer la base imponible de la tasa para los procedimientos de cuantía indeterminada.

Se modifica el párrafo primero del apartado 2, que queda redactado como sigue, y se suprime el apartado 3 del artículo 7:

«2. Deberá satisfacerse, además, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala.»

Se añade un párrafo segundo al apartado primero del artículo 8, que queda redactado como sigue:

«No obstante, no tendrán que presentar autoliquidación los sujetos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 4.»


MODIFICACIONES QUE AFECTAN A LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y LAS ASOCIACIONES

En referencia con las sociedades, especial mención a las entidades sin ánimo de lucro y las asociaciones, el artículo 7 de esta ley establece lo siguiente:

Se modifica la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades de la siguiente manera.

Con efectos para los periodos impositivos, que se inicien a partir del 1 de enero de 2015, se modifica el apartado 3 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del IS quedando redactado de la siguiente forma:

“3. Los contribuyentes a que se refieren los apartados 2,3 y 4 del artículo 9 de esta Ley estarán obligados a declarar la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas.

  No obstante, los contribuyentes a que se refiere el apartado 3 del artículo 9 de esta Ley no tendrán obligación de presentar declaración cuando cumplan los siguientes requisitos:

a)  Que sus ingresos totales no superen 50.000 euros anuales.

b)  Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen 2.000 euros anuales.

c)  Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.”

Para refrescar la memoria, las entidades comprendidas en los apartados 2,3 y 4 del artículo 9 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, son las siguientes:

Apartado segundo.- Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro que entren dentro del ámbito subjetivo de la  Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo

Apartado tercero.-Entidades e instituciones no incluidas en el apartado segundo; colegios profesionales, asociaciones empresariales, cámaras oficiales y sindicatos; fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del artículo 22 de la LGSS; y las entidades de derecho público Puertos del Estado y las respectivas de las CC.AA, así como sus Autoridades Portuarias.

Apartado cuarto.- Los partidos políticos

En cuanto a la referencia que se hace a las entidades del apartado tercero (pensado para aquellas entidades de carácter cultural o social, en las que una persona o varias sin ningún tipo de remuneración significativa se hacen cargo de su funcionamiento) no tendrán la obligación de presentar declaración del impuesto de sociedades siempre y cuando:

-  Ingresos menores a 50.000 € anuales;

-  Ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen los 2.000 € anuales;

-  Todas rentas no exentas estén sujetas a retención.

Ahora la pregunta que nos plantearíamos sería la siguiente: ¿Cuándo estamos ante una renta exenta y cuando no?

-  Las que procedan de actividades que constituyan el objeto social de la asociación o finalidad específica

-  Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto social o finalidad específica.

-  Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes afectos a la realización del objeto social o finalidad específica, cuando el total producto obtenido se destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto o finalidad.

Vemos como esta ley que modifica la promulgada en noviembre del año pasado, busca corregir pequeños errores, como fue la inclusión de las entidades sin ánimo de lucro o asociaciones que no tienen unos ingresos significativos, de la obligación de presentar declaración del Impuesto de Sociedades. Esto en algunos supuestos podría suponer el cese de la actividad de dicha identidad por falta de recursos humanos, como de recursos económicos.


Barcelona, 11 de marzo de 2015


Algunas propuestas para prevenir y combatir la corrupción en la Contratación Pública

Escrito por MadariagaAssessors 17-12-2014 en Corrupción. Comentarios (0)

Corrupción, corrupción y más corrupción. Desde la más alta y variada instancia los medios de comunicación nos ofrecen un catálogo extenso de conductas que resultan ya ofensivas en el contexto de la actual crisis económica.


Según datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2013 los casos de corrupción han aumentado un 49,5% des de el 2007, año en que empezó la crisis. El caso Bárcenas supone la guinda de un sistema que, claramente, ofrece muestras de tener un problema sin resolver (El Auto del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional supone un auténtico manual de prácticas corruptas).

A principios de año en Cataluña el Presidente de la Generalitat reunió a los órganos de control del Sector Público catalán (Presidencia del Parlamento, Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía, Sindicatura de Comptes, Síndic de Greuges, Oficina Antifrau), con la finalidad de encontrar nuevas ideas y propuestas para luchar contra la corrupción. En Madrid, el Gobierno de Mariano Rajoy propuso un pacto político al resto de los grupos de la cámara. A pesar de todo la prensa internacional habla ya de España como un país institucionalmente corrupto, con el deterioro para la confianza de los inversores que supone este calificativo.

Si nos ceñimos al ámbito de la contratación pública, desgraciadamente, la corrupción ha estado presente con fuerza desde hace demasiados años. Sólo cabe recordar cómo la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, en su exposición de motivos, ya reflejaba la necesidad de garantizar plenamente la transparencia, término que se utilizó de forma eufemística para eludir el concepto “corrupción”. A pesar de que esta Ley fue el resultado de una promesa electoral para acabar con el llamado “síndrome Roldán”, después de casi 18 años, decenas de modificaciones, una nueva ley y dos textos refundidos, seguimos hablando de falta de transparencia, y por tanto de corrupción en la contratación pública.

Tal como recoge la Memoria anual de 2011 de la Oficina Antifraude de Cataluña, el 29% de los expedientes de investigación tramitados en el año 2011 tenían por objeto la contratación administrativa. Otro órgano de control, el Tribunal de Cuentas en reiterados informes ha puesto de manifiesto la deficiente aplicación de la normativa de contratos por parte de diversas entidades públicas en España. Sirvan de ejemplo los informes del Tribunal de Cuentas sobre el Fondo Estatal de Inversión Local (Plan E), el informe de fiscalización de las Comunidades Autónomas, y sobre la contratación del AVE Madrid-Barcelona, donde se describen un extenso y variado catálogo de incumplimientos: escasa o nula motivación de la necesidad de la contratación, fraccionamiento indebido, abuso de la tramitación de urgencia, desviación de precios, falta de trámites preceptivos, problemas en la aplicación de los criterios de valoración, etc…En el ámbito penal, casi no hay caso de corrupción que no tenga que ver en algún momento con la contratación pública (Instituto Noos, Palma Arena, Gürtel, ITV en Cataluña, caso Bárcenas etc…)

La normativa contractual actual, aunque no exenta de problemas, es amplia y detallada en muchos puntos, y los sistemas de control interno, intervención general, y externo OCEX, han detectado un sinfín de irregularidades en sus actividades revisoras. Ahora bien, queda claro que con estas circunstancias, todavía queda un amplio campo por recorrer para combatir i prevenir la corrupción ¿De qué manera podemos establecer mecanismos de prevención general y especial que cambien la conducta de los actores intervinientes?

En un interesante artículo de J.R.Chaves, presenta la corrupción como el resultado de una fórmula matemática, con la ecuación siguiente:

Corrupción = (Inmoralidad del sujeto + las normas jurídicas imperfectas) x contexto político degradado

En relación al contexto político así como sobre la moralidad de las autoridades y el personal se podría y debería opinar mucho, pero no en este observatorio. Por tanto nos vamos a centrar en el contexto jurídico como herramienta para combatir y prevenir la corrupción.

La falta de transparencia y la ausencia de un proceso efectivo de rendición de cuentas son el caldo de cultivo perfecto para el afloramiento de conductas ilícitas. Citando al economista Ludwing Von Misses, la corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no esté controlado por la opinión pública. Comparto los argumentos expuestos por el profesor Gimeno Feliu y porFrancisco Javier Vázquez Matilla: más transparencia como remedio eficaz contra la corrupción.

Pero necesitamos algo más que mejorar la transparencia para combatir y prevenir la corrupción, ya que considero, como opinaMercerdes Fuertes López, que la cuestión fundamental es hacer que se cumpla de forma efectiva la normativa existente, y por tanto el quid de la cuestión es analizar cuáles son las causas por las cuales hasta ahora existe una relativa impunidad en esta materia.

El ordenamiento jurídico dispone actualmente de diversos mecanismos protectores de la contratación pública: el control de legalidad de la jurisdicción contenciosa, la responsabilidad penal, disciplinaria, contable, y de forma derivada la acción de regreso por responsabilidad patrimonial. No obstante vistos los resultados parece que no son suficientes o bien poco eficaces.

En el Titulo XIX del Código Penal dedicado a los delitos contra la Administración Pública, encontramos la tipificación de algunas conductas que se han hecho demasiado frecuentes en los medios de comunicación y que afectan a la contratación pública: cohecho, prevaricación, tráfico de influencia, malversación, negociaciones prohibidas y alteración de precios públicos. Ahora bien, cabe recordar que nuestro derecho penal, como no podía ser de otra manera, es garantista, y los procesos que acaban en condena exigen una intensa actividad previa investigadora y probatoria, que requiere de medios personales y materiales de los que precisamente la administración de justicia no anda sobrada.

Así por ejemplo, un “extraño” proceso de valoración de las ofertas, la omisión de algún trámite preceptivo o alguna otra irregularidad procedimental, podría venir provocado por un soborno que, evidentemente, no quedará acreditado de forma fehaciente en el expediente administrativo. Nadie apunta en un documento “comisión por soborno, xxx €”, y si en algún caso figura algún dato comprometedor, no resulta difícil manipularlo o ajustarlo en caso de una revisión del proceso por parte de un órgano externo. Sin las necesarias pruebas correspondientes (testimonios, intervenciones telefónicas o electrónicas, movimientos bancarios etc.), no se podrán demostrar los elementos del tipo necesarios para una sentencia condenatoria. Hay que tener en cuenta que los casos de corrupción resulta altamente complejos, se requieren muchas horas de investigación, y lo más importante, la obtención de pruebas deber realizarse muchas veces ex ante, ya que en un control a posteriori se pueden llegar a constatar irregularidades administrativas, pero sin los elementos probatorios necesarios no podemos acreditar que haya habido alguna conducta típica penal.

Por otra parte, la jurisdicción contenciosa administrativa realiza un control de legalidad de la actuación pública, pero nuestro sistema judicial y procesal ha provocado que sea un sistema de control poco práctico. Ante una actuación irregular observada por algún licitador, al realizar éste la valoración coste-beneficio de una eventual impugnación con un recurso no suspensivo y un atasco importante de la administración de justicia, pocas veces decide aventurarse por este tortuoso camino. Por el contrario, aquellos valientes, que empiezan una batalla de resultado incierto, después de un desembolso en abogados, tasas y procuradores, en el mejor de los casos podrán obtener en los tribunales una confirmación de la injusticia de la adjudicación, ahora bien, cuando la ejecución del contrato ya haya finalizado. En la Unión Europea se sorprendían de la escasa conflictividad judicial de la contratación pública en España, a pesar de su peso económico, pero por las causas anteriormente expuestas nos han obligado a cambiar el sistema con la introducción del recurso especial y de las causas específicas de nulidad. La existencia de un recurso administrativo suspensivo y revisado por un órgano independiente y especializado han mejorado considerablemente esta problemática, aunque como es sabido no es de aplicación a todos los contratos ya que precisamente los nos sometidos a regulación armonizada son estadísticamente los más numerosos.

Además del derecho penal y el control de los tribunales, nos queda la normativa disciplinaria. La disposición adicional 19, apartado segundo, del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establece con contundencia, que la infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en esta Ley por parte del personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuando mediare al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia. Ahora bien, a pesar de las abundantes irregularidades detectadas tanto en las investigaciones judiciales como por los órganos de control, destaca la escasísima frecuencia de la abertura de expedientes administrativos de responsabilidad (tanto disciplinaria, como contable o de responsabilidad patrimonial por acción de regreso), como si realmente no hubiesen existido estas conductas. Cierto es que en alguna ocasión se inicia un procedimiento disciplinario, pero normalmente con proporcionalidad inversa, es decir, resulta fácil castigar a un trabajador de escasa jerarquía, y muy difícil abrir un expediente a un alto cargo (conocido es el caso de una obra de ejecución defectuosa que comportó un expediente al subalterno por fotocopiar erróneamente unos planos).

La mayoría de las irregularidades más graves las cometen los propios órganos de contratación, i/o los funcionarios sometidos a presiones del político de turno (miembros de la mesa de contratación, asesores jurídicos, técnicos) ¿Quién en este caso va a abrir un expediente disciplinario contra sí mismo o bien contra un subordinado? ¿Cómo no contaminar con una vendetta política un expediente tramitado por un nuevo cargo de otro partido?

Opino, cómo decía Rudolf Von Jhering que “una norma legal sin coacción, es un fuego que no llamea, una luz que no brilla”. Mi apuesta por la creación de instrumentos de prevención contra la corrupción se centra en utilizar y fortalecer la capacidad coactiva del derecho administrativo sancionador, un mecanismo que se ha demostrado muy eficaz en otros ámbitos como el tráfico, los impuestos y el consumo de tabaco. No hay mejor prevención que la coacción.

El derecho administrativo sancionador es implacable con el ciudadano, ya que se incurre en responsabilidad incluso a título de simple inobservancia (art. 130.1 de la Ley 30/1992). Un error en una deducción fiscal, cuestión compleja para la mayoría de los ciudadanos, se salda con una comprobación administrativa y una dura sanción. Si aplicamos todo el peso de la Ley al ciudadano, cómo no ser más exigentes con aquellos sometidos de forma especial a la Administración pública, que además por su conocimiento y responsabilidad deben responder con especial rigidez del cumplimiento normativo. La conducta de los directivos, responsables y trabajadores públicos no sólo debe ser ajustada al ordenamiento jurídico, si no que debe buscarse la excelencia y la irreprochabilidad.

Un procedimiento administrativo sancionador comportaría superar ampliamente el ámbito subjetivo disciplinario, restringido por el artículo 93 del EBEP a los trabajadores públicos, ya que incluiría a todos los actores que intervienen en la contratación pública: órganos de contratación, trabajadores públicos, asesores, personal externo, y particulares. Así se incluirían todas las conductas de los contratistas que actualmente están reguladas como prohibiciones de contratar (art 60 del TRLCSP) y que de hecho tienen un componente sancionador. Habría que tipificar evidentemente de forma clara las infracciones concretas en materia de contratación pública (omisión de trámites preceptivos, fraccionamiento indebido, irregularidades en la valoración de los criterios, etc…) con unas sanciones que respeten el principio de proporcionalidad atendiendo a la gravedad de la infracción, el daño al interés público causado, y el grado de responsabilidad pública del autor.

Por último no tendría sentido que fuese el propio órgano de contratación el que tenga la competencia sancionadora en esta materia. Ante estas circunstancias, debería otorgarse esta función a un órgano independiente del órgano de contratación, y a ser posible especializado en estas funciones. En mi opinión esta competencia podría estar adscrita al Tribunal de Recursos Contractuales, y los órganos creados por las comunidades autónomas, aunque quizás no sería tan conveniente procesalmente que un órgano revisor de la legalidad tuviese competencias activas sancionadoras. En Cataluña, una institución como la Oficina Antifraude, de adscripción parlamentaria y con funciones específicas en la prevención y lucha contra la corrupción, cumple con los requisitos de independencia y especialidad que la hacen adecuada como para ejercer estas competencias con eficacia. Así, los actos dictados por este órgano, podrían ser objeto de revisión por los tribunales contractuales, a parte, evidentemente, de la jurisdicción contenciosa administrativa.



Alejandro Madariaga


FUNCIONARIOS: PERMANENCIA O TEMPORALIDAD?

Escrito por MadariagaAssessors 16-12-2014 en Derecho Administrativo. Comentarios (0)

Hoy en día el funcionariado está en crisis, sí como todo lo demás, pero lo nuestro es sobre todo una crisis de imagen que no se va a recuperar ni con el mejor asesor de los Estados Unidos. Dicen que desde el “Vuelva usted mañana” de don Mariano José Larra, el concepto de funcionario en nuestro país es casi equivalente a un insulto, se trata de un ser poco trabajador, gris, no diligente ni apto para labores productivas, atrapado en un mar de papeles y sellos como nos retrata Franz Kafka en “El proceso”. De hecho, según un tío mío, y dice que todos en el pueblo piensan igual, los funcionarios tendríamos que estar picando piedra a pleno sol, cosa que, válgame el cielo, espero que nunca se pregunte en un referéndum. Triste es comprobar como la única noticia positiva en los últimos tiempos es la futura boda del señor Alfonso Díez con la Duquesa de Alba, que llena páginas de revistas rosas y sitúa a un miembro de nuestro colectivo en un escenario reservado hasta ahora a actores y futbolistas. ¿Cómo defender a los funcionarios ante este panorama?

Pues sí, yo quiero defender a los funcionarios, y en especial a los funcionarios de administración general, y en uno de sus aspectos más controvertidos y criticados en la actualidad. ¿Cuál es la diferencia más importante entre los funcionarios y el resto de los trabajadores? Esta pregunta solía hacerla  con frecuencia en las clases hasta que una vez uno de los asistentes respondió, “la hora del almuerzo”, bueno amigo le respondí, esos almuerzos de cuchillo y tenedor ya apenas existen, sí, los funcionarios almorzamos pero como la mayoría de trabajadores de este país. ¿Cuál es el motivo entonces de que en los procesos selectivos se presenten cada vez una cantidad ingente de opositores? Pues precisamente una de las características especiales de la condición de funcionario público, es la permanencia, el derecho al cargo que deriva de los principios establecidos en el artículo 103 CE según la doctrina del TC, y que resulta no justificable en la actualidad para la opinión pública. ¿Cómo es posible que cuando las cifras del paro se disparan, no se despidan empleados públicos? ¿Por qué unos trabajadores tienen estos privilegios frente al resto?

Lejos de ser un privilegio, el derecho al cargo es una garantía para los ciudadanos. Si las funciones públicas las ejercen personas que pueden ser despedidas en cualquier momento la objetividad de sus actuaciones disminuirá notablemente. Cierto es que se puede analizar la productividad, la motivación y los excesos de unos pocos, pero en estos casos la normativa ya prevé un régimen disciplinario que apenas se utiliza. Sin el derecho al cargo, en primer lugar, el funcionario estará más interesado en agradar a su jefe de turno, el político, que en servir de verdad al ciudadano. Claro que en todas las administraciones existe una categoría de funcionarios “cantarines”, aquellos que dedican gran parte de su jornada a loar las grandezas de su superior jerárquico ya sea por la promesa de alguna futura dádiva, ya sea por simple afición, pero bien es verdad que la mayoría de los trabajadores públicos no se venden por un plato de lentejas y actúan conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Si algo no se puede hacer, no se hace, y si vulnera la normativa, no hay que hacer trajes a medida, frase hecha que hoy en día resulta delicado mencionar en alguna autonomía. Son muchos los casos de corrupción que se atajan porque un funcionario dice que no, o porque denuncia actuaciones irregulares. Por otra parte, si yo soy funcionario y sé que mi puesto es temporal, es posible que intente actuar amablemente con empresas del sector privado a las que algún día podría estar llamando a su puerta.

En los países anglosajones, en los cuales no existe el concepto de funcionario permanente, se servían del principio to the victor go the spolis, al vencedor va el botín, o sea el partido político que gobierna obtiene como preciado tesoro el reparto de todos los puestos públicos, práctica llamada spoil system. Este sistema se utilizó hasta que comprobaron que algunas funciones públicas necesitan de un elevado nivel de preparación, y por tanto no se pude escoger a cualquiera sino al mejor. Algunos dirán, pero si el sistema del expolio es el que tenemos en nuestro país, bueno desgraciadamente a veces así lo parece, pero nuestra normativa de función pública reserva determinados puestos a los funcionarios, la designación política queda delimitada en Cataluña para Consellers, altos cargos (secretarios generales y directores generales y asimilados) y el personal de confianza. Es cierto que todos estos cargos suman algunos centenares, curiosamente cada gobierno entrante promete reducir su número pero nunca lo consiguen, pero si tuviésemos un sistema de spoil system, serian decenas de miles, con una merma en la garantía de los ciudadanos a ser tratados con objetividad, incumpliendo uno de los principios más sagrados del servicio público, y con un aumento de los riesgos de actuaciones irregulares o corruptas.


Alejandro Madariaga